El soterramiento del tren Sarmiento es un proyecto que lleva años de vaivenes políticos, y esta semana acaba de sumar uno nuevo, ya que podría ser reanudado. La iniciativa que pretende que el tren funcione bajo tierra acortando los tiempos de viaje y ahorrando todos los accidentes y problemas que ocasionan a diario las barreras y paso a niveles en la zona oeste del conurbano.
El gobierno de Mauricio Macri había retomado esta deuda con el ramal que une Once con Moreno, aunque luego de haberse decretado las medidas de ajuste se propuso realizar un viaducto desde Caballito hasta la estación de Flores, es decir, por una estación.
Finalmente, al realizar el acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional, se hicieron reducciones en el presupuesto asignado al gasto público y que terminaron por declinar el soterramiento.
De la obra, por el momento, se ha concretado apenas 8 kilómetros (desde 2015 la tuneladora cubrió el tramo entre Haedo y Villa Luro) de los 18 km que comprende la traza entre Caballito y Castelar, con un presupuesto a razón de 166 millones de dólares el kilómetro. En forma de viaducto, estiman, podría costar alrededor de 30 millones de dólares por kilómetro.
Para afrontar ese gasto, en época de restricciones presupuestarias, también se evalúa buscar apoyo de organismos multilaterales, como el BID o el Banco Mundial.
Reanudación o coste político
Ahora, por una posible demanda millonaria dado la ruptura del contrato con la UTE, que se encontraba a cargo de la obra, podría reanudarse la obra, y se analiza alternativas para reformular su ejecución y acotando el gasto.
Desde el Ministerio de Transporte que conduce Mario Meoni señalan que a partir de la última modificación al proyecto que hizo en julio de 2019 el por entonces titular del área Guillermo Dietrich, la rescisión del contrato ocasionaría “un impacto judicial muy grande” ya que propiciaría una demanda “por un número muy importante”.
Esta obra clave para la Ciudad y la Provincia precisaba un presupuesto aproximado de 1.200 millones de dólares, pero desde el Ejecutivo calculan, según el informe preliminar de legales, que romper el contrato desencadenará una batalla judicial, en la que Ghella y SACDE, las compañías que conforman la unión transitoria de empresas (UTE) que está a cargo de la obra tendrían un éxito casi asegurado, ya que cuentan con argumentos para lograr un resarcimiento frondoso. Esto, sin contar el costo político que significaría.
De todos modos, cuando planteó dar de baja el contrato, Meoni calculó que la obra podría demandar incluso más del presupuesto que había fijado la administración macrista:
“Es necesario invertir más de 1500 millones de dólares y en el marco de la crisis que existe hoy no podemos llevar adelante una obra de esas características que, además, viene con muchas dificultades ya que están absolutamente paralizadas”.
De esta manera, ahora el Gobierno trabaja en “un plan alternativo de menor impacto”. En principio, cambios técnicos en el proyecto, que reduzcan el monto a ejecutar.
La alternativa que barajó en su momento el macrismo y que empezó a analizar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cuando en diciembre se enteró de la decisión del Gobierno de no financiar más la obra y asumir, en consecuencia, de que la Ciudad iba a tener que afrontar el costo de la obra; fue reemplazar el soterramiento por el viaducto.
Fue un esquema que se probó con éxito en los ferrocarriles Mitre y San Martín, obras emblemáticas de la Ciudad en los últimos años. Y que permitirían un ahorro importante.
Denuncias de corrupción
Al mismo tiempo, este jueves 13 el fiscal federal Franco Picardi ratificó la existencia de un presunto pago de sobornos por 4.495.250 dólares por parte del consorcio empresario, integrado entre otros por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, que se adjudicó el soterramiento del tren Sarmiento y que habría sido canalizado a través de una firma extranjera.
Picardi presentó un extenso informe al juez que lleva la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, en base a datos llegados desde el Principado de Andorra, relativos a la “ruta del dinero” de la maniobra, según el texto al que hoy accedió Télam.
“El examen de los antecedentes obrantes en la investigación en el Principado de Andorra en conjunción con los elementos” ya obtenidos en la investigación “permiten concluir que la UTE CNS fingió o simuló haber contratado a la firma extranjera DSC para llevar adelante una contraprestación de servicios con motivo de la obra pública” para el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, explicó Picardi.