Después de la polémica y la denuncia de la oposición por la participación de Daniel Scioli en la sesión que dio media sanción a la reforma del régimen especial de jubilaciones de jueces y diplomáticos, el fiscal Eduardo Taiano pidió que se desestime la presentación judicial contra el ex gobernador bonaerense por “usurpación de autoridad”. Según el escrito, el fiscal también aseguró que no debe existir una judicialización de la política.
La denuncia fue iniciada por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda luego de que Scioli se presentara en la sesión del 28 de febrero en la que el oficialismo consiguió aprobar las reformas. Desde Juntos por el Cambio se denunció la legalidad del quórum obtenido ya que el ex gobernador se sentó en la banca después de haberse desempeñado como embajador designado en Brasil.
Sin embargo, desde la Casa Rosada explicaron que aún no asumió formalmente como embajador. La cámara de diputados trataría la renuncia de Scioli como diputado la próxima semana. Una vez que se trate, el poder Ejecutivo recién formalizaría su nuevo cargo a través del boletín oficial. En la presentación de Taiano ante la jueza María Servini a cargo de la causa, el fiscal detalló: “Debe desestimar estas actuaciones por inexistencia de delito”.
Y agrega: “A pesar de lo sostenido por los denunciantes, para el día 28 de febrero de 2020 Daniel Scioli se encontraba ejerciendo de forma efectiva su banca de diputado nacional”. Según Taiano De acuerdo al escrito, el 2 de marzo aún Scioli no había presentado su renuncia a la banca. También da cuenta de un informe del ministerio de Relaciones Exteriores de ese día vinculado al trámite de desingación como embajador en el que se desprende que para esa fecha “se encontraba en trámite el expediente por la referida designación”.
Taiano también detalla que ante la inhabilitación que pesaba sobre Scioli para llevar adelante su función de diputado “por resultar violación de la división de poderes y de reglamento de la Cámara de Diputados “esta parte entiende que resulta ser una cuestión que no puede ser dilucidada en el ámbito de estas actuaciones” por regir el principio de separaciones de poderes. “El equilibrio que debe existir entre los distintos poderes del Estado de acuerdo a nuestro sistema Republicano de Gobierno, impone que el Poder Judicial evite inmiscuirse en decisiones que impliquen una judicialización de la política”, pidió.
