Este lunes y este martes, los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia /(AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, deben declarar por la causa del espionaje ilegal. Antes de esos recibieron una mala noticia y fueron imputados por la venta de armas en la AFI.
El fiscal federal Ramiro González imputó la semana pasada a los exjefes de la AFI por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad. El fiscal imputó también al extitular de la Dirección de Seguridad de la AFI, cuyo nombre se mantiene en reserva en virtud de la ley de inteligencia, y le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que disponga una serie de medidas de prueba para iniciar la investigación.
La causa se abrió a partir de una denuncia formulada por la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, que sostuvo que la gestión pasada “autorizó y procedió a la venta de armamento de fuego de distinto calibre que integraba el patrimonio de la Agencia, a funcionarios y agentes en actividad, a un precio irrisorio y con ínfimos requisitos en cuanto a las condiciones necesarias para acceder a dicho negocio jurídico”.
En la denuncia se aludió a dos resoluciones dictadas por Arribas, en agosto de 2017 y diciembre de 2018, supuestamente “carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico”.
Estas resoluciones abrieron la puerta a la venta a precio “irrisorio” a funcionarios y agentes en actividad de 290 armas “aptas para el disparo y utilización”.
Caamao remarcó en la denuncia que “no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca MOSSBERG, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento” a un ex funcionario.
“La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias, y menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentre en desuso”, sostuvo.
Por otro lado, la AFI denunció que “permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per sé una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad”.
El área de Seguridad de la AFI cotizó las armas en su valor en dólares y los agentes las pagaron en pesos entre 3.900 y 7.900 pesos por unidad, un valor que no alcanzó ni el 20% de su cotización en el mercado para las pistolas FM Browning 9 milímetros, escopeta Beretta y pistolas Smith Wesson, pistolas Beretta, Glock y revólveres Colt Detective, Ruger y Colt Trooper.
Este lote fue parte de una primera operación en tanto que en 2018 hubo una segunda venta de otras 38 armas “bajo la misma modalidad”.
“La tasación de las armas no respetó el procedimiento establecido en el artículo 24 del Reglamento de Bienes Muebles y Semovientes del Estado”, concluyó la denuncia que aludió a un “perjuicio a la administración pública”.
