La ex-SIDE, actualmente Agencia Federal de Inteligencia (AFI), mutó en su estructura e incluso en su denominación. Su régimen presupuestario fue modificado una y otra vez. “La Casa”, como se la llama en la jerga de la comunidad de inteligencia, lleva más de cuatro años intervenida, y aún así, las tareas de espionaje interno y la filtración de información secreta son algunas de las prácticas que no parecen haber cesado.
El resultado de las gestiones que se sucedieron en los últimos años es una agencia debilitada, con menos poder y sin los recursos necesarios para estar a la altura de lo que su rol –encabezar el Sistema de Inteligencia Nacional– requiere.
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada se dio en ese ámbito una particularidad. Silvestre Sívori, el joven abogado elegido para conducir la AFI, no responde al Presidente sino que es un hombre del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Quienes rodean a Milei reconocen que no es una materia que a él le interese. Y se da otra peculiaridad: son al menos cinco los militares retirados que desembarcaron en la central de inteligencia para ocupar cargos de peso que solían ser ocupados por civiles.
Fueron promovidos, según supo este medio, por el brigadier pasado a retiro Jorge Antelo, actual secretario de Estrategia Nacional, quien está alineado con Posse. Sívori está en buena sintonía con los coroneles retirados, según supo este medio. “No van a haber internas ni asaltos al poder”, se ilusiona una fuente retirada que tuvo un largo trayecto en el mundo de la inteligencia y que calificó como virtuosos a los nombramientos. El área más importante, que es la Dirección de Contrainteligencia, ya está a cargo de un coronel mayor retirado. Su nombre no puede ser difundido por lo establecido en la Ley Nacional de Inteligencia. En la estructura actual, a raíz de la intervención, no está la figura de subdirector (conocida como Señor 8), controvertida por la acumulación de poder en gestiones anteriores.
La AFI lleva cuatro años intervenida. La primera se decretó el 21 de diciembre de 2019, apenas asumió Alberto Fernández. La gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani había motivado decenas de acusaciones por espionaje ilegal y, con la promesa de “terminar con los sótanos de la democracia”, Fernández dispuso la intervención, que incluyó la derogación del decreto que asignaba fondos reservados, para sanear la institución. Pero la intervención fue prorrogada cuatro veces, y en una gestión de gobierno marcada por turbulentos cambios en su gabinete se sucedieron Cristina Caamaño, Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi.
Con la asunción del gobierno libertario, el decreto firmado por Milei y su gabinete extendió la intervención por dos años más, con una facultad extra: no solamente fijó un plazo más extenso que las veces anteriores, sino que delegó en el propio Sívori la facultad de prorrogarla por dos años más.
El hombre elegido por Posse para conducir la central de inteligencia no deberá preocuparse por tener el acuerdo del Senado. El decreto que lo designó interventor le encomendó, primordialmente, elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción de la AFI así como una propuesta de reformulación del plan del Sistema de Inteligencia Nacional, y, una tarea no menor: “Evaluar, modificar y/o aprobar un nuevo régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas confidenciales”. Sívori tiene el aval para decidir qué hacer con los fondos reservados, que durante la gestión anterior fueron reducidos al mínimo.
También quedó un exmilitar a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégico Militar (Diniem). La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que está dentro del Sistema de Inteligencia Nacional, quedó a cargo de Ricardo Ferrer Picado, cercano a Patricia Bullrich.
Ya hay un plan en marcha para modernizar la agencia e integrar la estructura organizativa para normalizar su funcionamiento. Uno de los principales escollos que encuentra la nueva gestión es en materia de organización. Hay una maraña de normativas y, en consecuencia, dos estructuras vigentes en paralelo. Una es la estructura aprobada por la reforma sancionad en el Congreso en 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando modificó la Ley Nacional de Inteligencia.
La otra es la que se formó a partir de la gestión de Caamaño. Como interventora Caamaño, quiso impulsar la reforma del Sistema Nacional de Inteligencia mediante la sanción de una ley, pero finalmente modificó la estructura de la agencia a través de resoluciones internas. Esas resoluciones internas, que son reservadas, no cambiaron la ley sino que se superpusieron con ella.
Otra dificultad que afronta la AFI es en materia de recursos. Hoy no cuenta con el equipamiento ni con los medios suficientes para poder desempeñarse como corresponde. El faltante de equipos dificulta las tareas. La AFI es el organismo que encabeza el Sistema de Inteligencia Nacional, y sin embargo hay fuerzas de seguridad que cuentan con equipamiento más moderno y sofisticado para hacer tareas de inteligencia, según afirmaron expertos en seguridad consultados para esta nota. Según ASAP, el presupuesto ejecutado durante 2023 fue de aproximadamente 15.000 millones de pesos.
Aunque no hay un número exacto de empleados de la AFI, dado que se trata de una cifra reservada, se estima que hoy trabajan allí unas 2000 personas, de las cuales aproximadamente un 80% tienen menos de tres años en carrera.
“Caamaño convirtió a la AFI en un centro de estudios”, se lamentó un experto en inteligencia y seguridad. Con el objetivo de transparentar la gestión, la fiscal redujo las partidas de fondos reservados y, con la austeridad como otro de los pilares, subastó bienes que habían sido adquiridos por la gestión de Arribas, a la que señalaba por ser opulenta y con grandes denuncias por espionaje político.
Mientras durante la gestión de Macri se cuestionó, entre otras cosas, a la central de espías por hacer inteligencia sobre los familiares de víctimas del ARA San Juan, supuestamente justificada para cuidar la seguridad presidencial en un contexto de reclamos, en la gestión de Alberto Fernández se apuntó contra el organismo por no entender en cuestiones relacionadas a la seguridad del Presidente y de su exvice.
Son muchos los desafíos que enfrenta la AFI para poder cumplir con la Ley de Inteligencia Nacional, que establecen como su actividad central la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación. El saldo de las últimas gestiones es una agencia desarticulada, con menos poder y sin una identidad definida.