Quizás lo único cierto en todo lo que se viene diciendo -desde que se puso en el tapete la elección del nuevo defensor/a del pueblo- es que las propuestas para ocupar las adjuntías responden más al acuerdo de bloques políticos que a otra realidad.
Por esa debilidad al acuerdo se lo ha tildado de "pacto espurio, enjuague o tramoya" desde algunos grupos políticos que están en la gatera esperando mejor suerte en una próxima ocasión. Suponen que a partir de diciembre estarán mejor posicionados para imponer a "su" candidato, y aunque la "tramoya" sea la misma, pueden operar y obtener "buena prensa" para éste/a de la noche a la mañana. El enjuague pasará a llamarse "consenso" y el/la impuesto/a se denominará ciudadano/a "independiente".
Si miramos debajo del agua, veremos que tras la disputa por cargos, lo que realmente se está discutiendo es una política de Estado versus una política de poder sectorial.
La opción es la siguiente: se puede ir a la Defensoría para llevar adelante una estrategia de gestión pública para resolver la conflictiva social (individual o colectiva) que generan las falencias del Estado; o se puede ocupar la Defensoría para hacer de ella un instrumento de una política sectorial que utiliza la conflictiva social para imponerse y expandirse en la acumulación de poder.
En la primera opción la Defensoría utiliza los recursos estatales para corregir al propio Estado, a partir de los reclamos de la gente, y para resolver los problemas de la gente mediando con los funcionarios y no contra ellos.
Seguramente esta opción será bienvenida por quienes valoran el perfeccionamiento de las instituciones y ven al Estado como una construcción de todos, sin confundir poder político con política pública. Porque no es lo mismo servir los intereses de la gente cuando resulta víctima de los errores del Estado, que servirse de las víctimas y confundir a la gente, aprovechando el cargo para el molino propio de su política.
Sea esta legislatura o la próxima, el debate será el mismo. Podrán cambiar las trampas periodísticas o amparistas. Pero la cuestión es simple: la Defensoría será una política pública o será instrumento de otra política que no se publica. Si es una política pública, formará parte del concierto del sistema institucional y no terminará siendo una ONG con empleados públicos dentro.
Si la propuesta es que la Defensoría sea un instrumento para avanzar en otra política, o sea la del poder de un sector, sería deseable que se blanqueara el juego así cada legislador sabría qué va a votar y la sociedad se expresaría más de acuerdo a sí misma.
Sea con esta Legislatura o con la próxima seguirán vigentes la misma disyuntiva, la misma necesidad de un acuerdo con los dos tercios del cuerpo (mayoría especial de consenso obligado propuesta por la Constitución) y la misma exigua oferta de cuadros con solidez y coherencia profesional.