Provincia: un acuerdo político provocará nuevo aumento de la nafta

Provincia: un acuerdo político provocará nuevo aumento de la nafta

Se trata de Carlos Acuña, un aliado de Massa. El proyecto podría repercutir en el precio de los hidrocarburos.


En un acuerdo con Cambiemos, el Frente Renovador de Sergio Massa logró impulsar un proyecto de ley que obliga a las petroleras a pagar un nuevo gravamen en la provincia de Buenos Aires, algo que repercutirá en el precio de venta de las naftas al consumidor final.

El proyecto de ley que prevé que las empresas y comercializadores mayoristas abonen un porcentaje de su facturación total de ventas a las estaciones de servicio.

Según el escandoloso proyecto, se creará un fondo para estudiar y mejorar las condiciones de seguridad de los trabajadores en todo el proceso de comercialización de hidrocarburos. Lo curioso es que ese fondo será girado directamente al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de autos (SOESGYPE), que dirige Carlos Acuña, un aliado se Massa.

Pero existe otro dato curioso que roza lo patético y  es quien presentó el proyecto: la diputada Blanca Cantero, esposa de Acuña.

El proyecto original preveía que el fondo esté integrado por un aporte obligatorio del 0,5% sobre el total facturado por las empresas petroleras y comercializadores mayoristas a los minoristas, en concepto de venta de naftas. Sin embargo, ese valor se modificó al 0,25% durante la sesión del miércoles.

Según cálculos estimativos, en 2017 solo en la provincia de Buenos Aires se vendieron 3,4 millones de metros cúbicos de naftas. Es decir, 3.400 millones de litros. A un precio promedio de 45 pesos por litro serían unos 153.000 millones de pesos de facturación. El nuevo fondo prevé una alícuota del 0,25% sobre lo facturado, cifra que equivale a más de 382 millones de pesos al año.

El aporte se calcularía sobre cada facturación que efectúe la petrolera al propietario de la estación de servicio. El vendedor debería depositarlo en un plazo no mayor a los 15 días desde la fecha de emisión de la factura.

Las empresas no salen de su asombro. Es que mientras el gobierno nacional las presiona para que bajen el precio de los combustibles por la caída en la cotización internacional del crudo, por otro lado, se crean nuevos impuestos que le sumarán presión a los precios. Como siempre termina perdiendo el usuario, aunque esta vez se les va la mano. 

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