La Cancillería uruguaya acusó este martes recibo del pedido de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón para que se le otorgue el estatus de refugiado político. La ley vigente en Uruguay desde diciembre de 2006 dice que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad”.
La norma aclara que será “reconocido como refugiado” el que por “fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o -a causa de dichos temores-, no quiera regresar a él”.
También aquellos que han “huido del país de su nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”. La misma ley les impide adelantar a los funcionarios alguna resolución sobre el pedido formal.
No sería el caso de “Pepín”, que fue citado por la jueza María Servini a prestar declaración indagatoria en la causa que investiga si existieron presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa para que cambien su línea editorial. Con la decisión de pedir el asilo o la protección como refugiado político, el ex asesor judicial de Mauricio Macri, decidió evitar el principal acto de defensa que tiene cualquier acusado, que es la declaración indagatoria, en la cual recibe la precisión del delito que se le achaca y se permite esgrimir sus argumentos.
Además, Rodríguez Simón tiene “residencia” en Uruguay y eso puede ser -según entendidos en la materia- un obstáculo para recibir la condición de refugiado, porque si la ley establece que una solución para estos casos es la de otorgar residencia, es porque se entiende que la calidad de refugiado es para no residentes. Pero eso deberá definirse en la Comisión de Refugiados.
La Comisión de Refugiados (CORE) está integrada por siete miembros: uno por Cancillería, otro por Migraciones, uno del Parlamento, otro de Universidad de la República, uno por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, otro por organizaciones de derechos humanos, y otro por organizaciones de refugiados. Tiene 90 días para expedirse, plazo en el cual el ex funcionario no puede ser extraditado.
