El Gobierno presentará un proyecto de ley para crear Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgo en el Trabajo en las empresas. La iniciativa que será enviada al Congreso es impulsada por el presidente Alberto Fernández, cuenta con el aval de la CGT y aumenta la injerencia del Estado y de los gremios en las compañías con más de 100 empleados.
Según la información oficial, el texto sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creando un órgano paritario con el objetivo de implementar medidas que mejoren y garanticen la salud de los trabajadores. En las empresas que tengan más de 100 trabajadores será obligatorio contar con estos Comités. Además, deberán contribuir también a la prevención de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como de cualquier otra forma de discriminación.
Por el lado empresarial, las voces indican que hay temor que la iniciativa se termine transformando en un proyecto de intervención estatal de compañías, lo que genera ruido en el sector y atenta contra uno de los principales desafíos de la economía en un país con 40% de pobres: la generación de empleo.
En la elaboración participaron el Ministerio de Trabajo de la Nación que encabeza Claudio Moroni y el de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuya titular es Elizabeth Gómez Alcorta. En las empresas más chicas “se concederán facultades específicas a los delegados para participar y actuar en todos los temas relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo”, según consta en el comunicado oficial que se difundió.
Presentamos el proyecto de Ley de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo.
A través de un órgano paritario, buscamos consolidar un ambiente laboral seguro y saludable, libre de violencia, acoso y discriminación. pic.twitter.com/C4reBUnCRs
— Alberto Fernández (@alferdez) October 6, 2021
De maneral puntual, estos comités -en caso de aprobarse el proyecto- estarán integrados por representantes gremiales y de las empresas. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo de la Nación, que podrá intervenir cuando “las medidas adoptadas y los medios utilizados por el empleador o empleadora no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo”.
En sus fundamentos, el proyecto sostiene: “En los casos en que la autoridad de aplicación respectiva compruebe que la inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores, podrá ordenar la paralización inmediata de tales trabajos o tareas”.
El proyecto representa una señal más del acercamiento entre la CGT y la Casa Rosada luego de la derrota del oficialismo en las Primarias.
El titular de la CGT, Héctor Daer, manifestó: “Este proyecto de Ley da vuelta 20 años de discusión en la Argentina, generando ámbitos donde participan las comisiones internas y los empresarios en la solución de temas. Me parece que esto muestra claramente hacia dónde va un proceso político que marca que el diálogo entre trabajadores y empresarios es el camino a la asignación de derechos y mejores condiciones laborales”.
