El mes pasado, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, había confirmado la denuncia penal contra el extitular del Ministerio de Energía y Minería Juan José Aranguren y parte de su equipo por la dolarización de las tarifas de gas, que habría generado un perjuicio económico de más de 560 millones de dólares (393 millones contra el fisco y el resto contra usuarios del servicio).
Este martes, finalmente se confirmó la imputación penal de Aranguren y otros funcionarios de su área en la causa que investiga presuntas irregularidades en el precio de comercialización del gas que fue dolarizado durante el gobierno de Mauricio Macri, lo que podría constituir un “presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.
La imputación de Aranguren y otros siete exfuncionarios de área energía fue decidida por el fiscal federal Guillermo Marijuan a partir de la denuncia presentada por el actual titular del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) Federico Bernal. Los otros imputados son: el ex presidente del Enargas Mauricio Ezequiel Roitman, los ex directores del organismo Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía Marcos Pourteau y la ex gerenta de Legales del Enargas Marcela Paula Valdez.
El origen de la denuncia se encuentra en la convocatoria oficial realizada por el Gobierno en noviembre de 2017, cuando Energía citó a productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS), con el objetivo de fijar por dos años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares. Según se plantea en la denuncia, ese tipo de contrato fue “inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.
Luego de la devaluación del peso, en octubre de 2018 la cartera que encabezaba Aranguren buscó variar el valor del tipo de cambio para que fuera pagado por los usuarios en cuotas, con una diferencia a cargo del Estado nacional. Mariján explicó al respecto: “Las propias distribuidoras al momento de exponer sus pretensiones de traslado de diferencias habían propuesto para su recupero un plan de 24 cuotas y el ENARGAS había promovido el traslado al usuario de la variación cambiaria pagadera en 24 cuotas, incumpliendo las obligaciones legales del Ente”.
