El planteo fue formulado en el marco de la causa 13354\12, que tramita ante el juez federal Claudio Bonadio, ante quien el fiscal reclamó además la indagatoria de los empresarios Héctor y Gustavo Mitelman, “los responsables de la firma que ofició de proveedora” de indumentaria para Fallabella, así como la de Robert Egber Tupino Yncacutipa, imputado de haber “montado un taller ilegal”.
La causa se inició el 20 de diciembre de 2012, cuando un funcionario de la Sección Penal de la Dirección Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP denunció ante la Cámara Federal “el funcionamiento de dos talleres textiles clandestinos, ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266, ambos de esta ciudad”.
“Señaló que allí trabajaban diez personas en condiciones de “empleados cama adentro”, con un sueldo de aproximadamente 2500 pesos -de los cuales 1000 pesos eran retenidos para la comida y vivienda- y que las condiciones de higiene del lugar eran deplorables”, añadía la denuncia.
La investigación dispuesta por Delgado “confirmó el efectivo funcionamiento de ambos talleres textiles”, mediante allanamientos ordenados por Bonadio que “se realizaron, en forma simultánea, el 12 de marzo de 2013”.
“El devenir del proceso reveló con nitidez una de las consecuencias más crudas del capitalismo: la explotación del hombre por el hombre; esa que la organización republicana intenta mitigar a través de la institucionalidad derivada del Estado Nación”, reflexionó el fiscal.
“Los operadores judiciales vemos todos los días en tribunales montones de causas que giran en derredor de talleres textiles clandestinos. Son procesos que tienen matices propios, pero rasgos comunes. Hablamos de inmigrantes ilegales que por necesidad son objetualizados y trabajan en condiciones deplorables. A su vez, son regenteadas por otra persona que muchas veces trabaja a la par y en esas mismas condiciones. No obstante, siempre hay un amo”, añadió.
Además de las precarias condiciones laborales, en los allanamientos fueron hallados “bultos de ropa con etiquetas de Falabella, Sybilla y Americanino (las últimas dos son marcas propias de Falabella)”.
Los funcionarios que realizaron los procedimientos constataron que los trabajadores “viven ahí, duermen ahí y confeccionan todo el tiempo… no salen mucho de la casa. Tenían cara de cansados, con ropa de trabajo, sucios. Aparte el olor a encierro era terrible, no había ni una ventana abierta”.
“Las condiciones de trabajo no eran buenas, era un lugar chico, sin televisor, mesa de comedor. No había privacidad en la casa. Trabajaban sin mucho descanso ni límite de horario porque en este tipo de talleres la gente cobra por cada prenda que confecciona”, agregó otro testimonio.
Delgado describió la operatoria: “podríamos afirmar que las marcas, en este caso Falabella, se nutren a través de terceros de talleres que explotan a personas vulnerables. La tercerización les permite no ‘contaminarse’ directamente con la objetualización de seres humanos y bajar los costos para aumentar la tasa de ganancia”.
“Es evidente, entonces, que la dinámica de producción que se ha puesto al descubierto a través de la pesquisa, revela la elección deliberada por un mercado informal para abaratar costos a través de terceras firmas, al precio de lucrar con la explotación de personas en una situación de vulnerabilidad tal que se vieron obligados a consentir la apropiación de su fuerza de trabajo para subsistir, en las condiciones infrahumanas”, resumió el fiscal.