El diputado Francisco de Narváez firmó un acuerdo con Sergio Massa por el cual se comprometieron a “trabajar conjuntamente para resolver los problemas de los 16 millones de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y mejorar su calidad”. En ese marco, De Narváez disputa dentro de la interna del Frente Renovador la candidatura a gobernador de Buenos Aires, una carrera en la que se encuentran inscriptos Felipe Solá, Darío Giustozzi, Jesús Cariglino, Gustavo Posse y Mónica López.
Los dos grandes vencedores del kirchnerismo en las legislativas de 2009 y 2013 acordaron seis puntos en los que trabajarán en conjunto, en temas de seguridad, educación, empleo, salud, desarrollo humano y recursos económicos.
“Tengo la decisión política de ponerme al frente de la lucha contra la inseguridad”, dijo Massa en una conferencia de prensa en Tigre donde los candidatos se presentaron bajo un cartel con la leyenda “Frente Renovador es Unión”, en alusión a la fusión de las fuerzas políticas que ambos representan. Por su parte, De Narváez aseguró que “Massa va a ser el próximo presidente”, y sostuvo que “Macri es el ajuste, Scioli el ‘siga siga’. Massa es el camino inteligente”.
En una entrevista con Infobae TV tras firmar el acuerdo, De Narváez explicó que el “Programa Integral de Seguridad Ciudadana” será el eje principal de la campaña. En este punto, ambos dirigentes acordaron impulsar: una Agencia Federal Antinarcóticos; un mayor control de fronteras y puertos con radares y scanners; una Ley de Derribo de aeronaves; un registro único de armas y municiones; la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años; 10.000 nuevas plazas penitenciarias bonaerenses; la creación fiscalías especiales, para el crimen organizado; la expulsión de extranjeros con condena efectiva; y encuadrar a los “barrabravas” como delincuentes en el Código Penal.
En materia de Eduación, propondrán un nuevo estatuto del docente en la provincia de Buenos Aires; establecer la doble jornada y la sala de 3 años obligatoria; capacitación permanente de docentes y directivos; evaluación de la calidad educativa, en alumnos y docentes; informatizar la gestión escolar y regionalizar el sistema educativo.
El Programa de Promoción del Empleo que impulsarán prevé la desgravación tributaria nacional y provincial para la generación de nuevos puestos de trabajo, la eliminación de retenciones impositivas para las economías regionales; la eliminación de retenciones a la producción de maíz y trigo, y en forma progresiva a la soja; la eliminación de retenciones a la exportación de carnes, y un plan quinquenal de inversión en infraestructura (rutas, autopistas, puertos) y de obras hídricas para evitar inundaciones.
Respecto a la salud, que definieron como “siempre, gratuita, cercana y de calidad”, buscarán crear salitas de Atención Primaria abiertas 24 horas los 7 días de la semana; construir más Hospitales Zonales en cada una de las 12 regiones sanitarias; hospitales 100% equipados; un Programa Materno infantil; y médicos de cabecera para cada grupo familiar.
En cuanto al Programa de Desarrollo Humano, se comprometieron a trabajar en un Programa Único de Asistencia Social a nivel Nacional, Provincial y Municipal; garantizar el acceso al agua potable y cloacas en todos los hogares; construir plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos regionales; e impulsar una líndea de créditos hipotecarios para la primera vivienda.
Sobre la recuperación de los recursos económicos de la Provincia, buscarán actualizar el fondo del conurbano bonaerense, con vigencia a partir de 2016; reestructurar la deuda de la Provincia de Buenos Aires con el Gobierno Nacional y una Ley de coparticipación solidaria, para recuperar los puntos cedidos por la provincia de Buenos Aires (la Provincia resigna casi 7 puntos a partir de la reforma de 1988, en 2014 esto representaría casi $21.000 millones).
Desde el entorno de De Narváez señalaron que si la Provincia hoy siguiera recibiendo el 10% del Impuesto a las Ganancias, como se estipuló en un principio, en el 2014 habría recibido $26.400 millones de pesos. Sin embargo, desde el ’96 se fijó el tope máximo de $650 millones. “Esta diferencia de $25.750 millones (solo en un año) implica muchísimos hospitales, escuelas y rutas que no se pudieron hacer”, afirmaron.
