El Gobierno Nacional creará una fiscalía especial para investigar la corrupción de funcionarios públicos. Así lo comunicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa. El funcionario reveló que el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, le trasladará la propuesta al procurador general Eduardo Casal y especificó además que la fiscalía investigará, en las situaciones en los que se requiera, “en casos de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados.
“El ministro de Justicia sugerirá la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos, especialmente a los que contemplan la figura de enriquecimiento ilícito e incremento patrimonial no justificados”, sostuvo en la previa a la rueda de preguntas con periodistas acreditados.
En la misma línea, Adorni especificó: “Incluirá a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del poder ejecutivo como legislativo. Vamos a recuperar todos los bienes producto del delito”.
De esta forma, la Justicia pondrá la lupa en funcionarios a nivel nacional, provincial y del poder legislativo que estén involucrados en hechos de corrupción con intención de “recuperar todos los bienes que sean producto del delito”.
Casa Rosada, 25 de enero de 2024.
Conferencia de prensa del Vocero Presidencial. pic.twitter.com/5zc8Nc1edo— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) January 25, 2024
Días atrás, el Cúneo Libarona, afirmó que tiene “en la cabeza” la conformación, bajo el ámbito del Ministerio Público Fiscal, de una “fiscalía especial dedicada a la corrupción”, porque su objetivo es “perseguir más que nadie” ese tipo de delitos para decirle “basta a la impunidad”.
“No la llamaría Conadep contra la corrupción, sino fiscalía especial dedicada a la corrupción”, expresó Cúneo Libarona. La referencia es a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada en 1983 por el entonces presidente Raúl Alfonsín para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura cívico militar.
Cúneo Libarona consideró que esa “fiscalía especial” dedicada a la investigación de delitos de corrupción funcionará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que a su criterio “es muy bueno”.
“El tema de la corrupción es prioritaria. Yo voy a perseguir la corrupción más que nadie, pero a través de los roles que corresponda. Los fiscales de juicio oral son buenísimos. Entonces, ellos son quienes tienen la tarea de investigar”, indicó.
Casal está al frente de la Procuración luego de la renuncia en 2017 de Alejandra Gils Carbó, puesta en el cargo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Sorpresa y molestia en Comodoro Py
La noticia cayó por sorpresa en los tribunales federales: el vocero Manuel Adorni terminaba de anunciar en conferencia de prensa que el gobierno nacional propondrá “crear una fiscalía especial que se encargue de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”. El detalle aludía a “todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”, poniendo el foco en “los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”.
Para el momento del anuncio, el Gobierno no se había comunicado con el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para comentar la iniciativa. La llamada llegó después de las dos de la tarde. El viceministro de Justicia Sebastián Amerio llamó al secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, para invitarlos a trabajar “mancomunadamente” en el proyecto para crear una estructura “sin superposición de funciones y competencias”, revelaron a este medio fuentes judiciales.
En Comodoro Py 2002, los pocos funcionarios que circulaban en medio de la feria judicial miraban extrañados y revisaban los portales para tratar de entender los detalles de la movida. Incluso les llamaba la atención que se hablara de funcionarios provinciales. “¿Sabrán que a los funcionarios provinciales los investigan jueces provinciales?”, deslizaban no sin malicia.
“¿Para qué tienen la Oficina Anticorrupción si no es para analizar los patrimonios y convertirlos en denuncias que los fiscales investiguen?”, se preguntó uno de los funcionarios federales al leer la información.
Pero además las críticas apuntaban a que ya existe en el ámbito de los fiscales una oficina encargada de controlar los Procuraduría de Investigaciones Administrativas, a cargo de Sergio Rodríguez, aunque con algunas diferencias de los que planea el Gobierno.
“La PIA integra la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional. Se trata del personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación; de modo que la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales”, reza la página del Ministerio Público Fiscal. La Ley 24.946 Orgánica del Ministerio Público creó la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y delimitó sus competencias.
“Ya existe desde 1960, señor, lo que dice que van a sugerir crear!!!”, exclamó en la red social X Manuel Garrido al postear la conferencia de prensa de Adorni. Garrido fue el director de la FIA hasta que terminó renunciando en 2009 en medio de un conflicto con el jefe de los fiscales, Esteban Righi, por el recorte de sus atribuciones. Designado en ese cargo en 2003, Garrido había sido impulsor de numerosos expedientes por presuntos casos de corrupción durante el kirchnerismo, pero se terminó yendo denunciando que se encontraba limitado en las investigaciones preliminares.
Ya existe desde 1960, señor, lo que dice que van a sugerir crear!!!
No conocen el Estado que conducen o nos toman por boludos una y otra vez… https://t.co/57AKShcKNw— Manuel Garrido (@ManuGarridoOk) January 25, 2024