Liberatori frenó con una medida cautelar el acuerdo por el Juego

Liberatori frenó con una medida cautelar el acuerdo por el Juego

La jueza en lo contencioso administrativo porteño Elena Liberatori dispuso una medida judicial que frena parcialmente el convenio del Pro con el kirchnerismo por deuda del juego. Los argumentos.


El convenio firmado entre el Gobierno porteño y la Nación (ratificado días atrás en la Legislatura) que permitiría a los casinos no pagar una deuda tributaria que beneficia al casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo fue frenado por una medida cautelar que lo suspende parcialmente.

Según determinó en su fallo la jueza en lo contencioso administrativo porteño N° 4, Elena Liberatori, la cláusula que será suspendida es la 3.2, un apartado en el que el Gobierno porteño renuncia a cobrar Ingresos Brutos a los casinos y tragamonedas. La denuncia había sido radicada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Las empresas de juego mantienen con la Ciudad una deuda impositiva de más de $2400 millones en concepto del impuesto a los ingresos brutos.

El jefe de Gobierno por su parte, endilgó la responsabilidad por no poder cobrar la deuda , y en su lugar impuso un canon por el que recibiría $300 millones anuales, mediante un acuerdo en el que participaron la Lotería Nacional y el Instituto del Juego.

En la cláusula que fue suspendida hoy por Liberatori, no obstante, queda explícito que el cobro del canon significará la renuncia al cobro de impustos que tienen las casas de juego. El artículo sobre el que pesa la cautelar dice: “Las partes acuerdan que la percepción de las sumas convenidas (…) significará la extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago de los Ingresos Brutos o de cualquier otra tributación específica”.

Desde Pro aseguran que, a pesar de este entendimiento, la Ciudad aumentará los ingresos que recibe por los juegos de azar.

Respecto al acuerdo, el empresario Cristóbal López es uno de los empresarios incluidos en este acuerdo, ya que maneja el casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Ambos establecimientos están en conflicto judicial con la administración porteña desde que, en 2009, la ley tarifaria porteña estableció que las casas de juegos de azar debían tributar un 8% de sus ingresos en concepto de Ingresos Brutos.

Gil Domínguez se refirió a esta situación y manifestó: “Viola el artículo 6 de la Constitución porteña, porque no respeta la autonomía de la Ciudad y el deber de preservarla. Tampoco respeta los artículos 17 y 50, que regulan los juegos de azar en la ciudad, y los permiten siempre y cuando todo lo producido se destine a políticas sociales. El convenio renuncia a esto“, publica La Nación.

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