La crisis económica y la aceleración de precios golpea de lleno a los argentinos. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) arroja que la pobreza aumentó de un 42,4% a un 43,1%, pese a la implementación de los planes sociales.
Sin los programas de ayuda social del Estado, la indigencia hubiera alcanzado al 20% y la pobreza al 50%. Y en esa línea se precisó que el 40% de los hogares donde vive el 50% de la población fue asistido por algún programa oficial o complementario.
En ese marco, el director del equipo de investigación, Agustín Salvia, enfatizó en que las políticas de los gobiernos de los últimos 40 años para combatir este problema “han fracasado”.
“No es que los pobres sean más pobres. Eso ha estado más cuidado. Son sectores de la clase media baja los que han pasado a conformar una nueva capa de nuevos pobres. En total, actualmente, alrededor de 17 millones de personas son pobres en la Argentina”, se detalla.
Qué dice el informe sobre la pobreza e indigencia
A diferencia de la medición tradicional por ingresos, la UCA realiza habitualmente un relevamiento de pobreza multidimensional, que incluye variables como alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medio ambiente saludable, accesos educativos y empleo y seguridad social.
Las cifras son alarmantes y reflejan un deterioro significativo en la última década. En este marco, la pobreza multidimensional alcanzó al 39,2% de la población en el tercer trimestre de 2022, en tanto la pobreza por ingresos fue del 43,1% y la indigencia del 8,1%.
En esa medición, la matriz en el tercer trimestre de este año señala que el 39,2% de la población es pobre multidimensional, el 29,5% está en el grupo de los “no pobres por ingresos, pero con privaciones no monetarias”, el 3,7% en el de “pobres por ingreso sin privaciones no monetarias” y el 27,6% restante no son pobres ni tienen carencias no monetarias.
La pobreza aumenta sin freno
Salvia advirtió que “se acumulan dos generaciones de pobres y ya estaríamos en el inicio de la tercera, por ausencia de modelos de inclusión con eje en el trabajo”.
Agregó que “si bien hubo ascensos y retrocesos” en las últimas cuatro décadas, “los buenos momentos duraron poco” y, por lo general, se dieron como “efecto rebote” después de períodos de crisis.
Al respecto, advirtió que “con cada crisis aumentan los índices de pobreza, a la vez que con cada período de recuperación no logran recuperar el punto de partida”.
“Las crisis dejan marcas de deterioro productivo, social y político que resultan de difícil contabilización estadística”, indicó Salvia, al tiempo que puntualizó que “ciclo tras ciclo, la sociedad argentina viene acumulando una pobreza estructural, crónica y persistente, con brechas de desigualdad creciente que inhiben el crecimiento y ponen barreras a los acuerdos sociales y políticos”.
El rol de las políticas públicas y los planes sociales contra la pobreza
En este orden, Salvia cuestiona “la acumulación de varias décadas de políticas fallidas en materia de crecimiento sostenido y distribución del ingreso, las cuales han ocasionado un deterioro significativo en materia de capacidades de desarrollo humano e integración social”.
El especialista sostuvo que más allá de las identidades de los sucesivos gobiernos, “la escapatoria del sistema político fue favorecer el consumo, olvidándose de la inversión”, que en el largo plazo tiende a generar mejores condiciones de trabajo.
Sin embargo, destaca que “frente a la pobre creación de más y mejores empleos, y la imposibilidad de generar mejores remuneraciones, el gasto en transferencias sociales ha sido el mecanismo por excelencia más eficiente para mantener una relativa paz social”.
Es decir, que “sin este aumento en el gasto social, que son los planes, la pobreza sería muy superior y el conflicto podría ser un factor de disolución social”.
Desempleo
En la etapa posterior a las restricciones por la cuarentena se observa un incremento del porcentaje de personas que realizan un trabajo doméstico intensivo no remunerado, alcanzando en 2022 al 64,6% de la población de 18 años y más.
En 2022, a pesar de la generación de puestos de trabajo, la tasa de desocupación se ubicó en el 8,7% de la población económicamente activa que, sumada al 23% de personas ocupadas en el sector micro-informal de la estructura productiva, nos indica que aproximadamente 7,4 millones de personas presentan problemas de empleo.
En 2022, el 31,7% de los integrantes de la población económicamente activa presenta graves problemas de participación en el mercado de trabajo (desocupación o subempleo inestable). Este segmento laboral constituye un problema sistémico que crece de manera constante desde 2011-2012 (más de 10 p.p.), aunque baje el desempleo abierto.
El informe señaló que “en los hogares pobres, menos de 2 de cada 10 trabajadores logran acceder a un empleo pleno, mientras que, en los hogares no pobres, aunque en descenso, más de 5 de cada 10 trabajadores lo logra”.
