Fernando Carrera fue absuelto por decisión de la Suprema Corte de Justicia luego de demostrarse su inocencia en los hechos ocurridos el 25 de enero de 2005 en el cual quedó involucrado en una persos mujeresecución que terminó con la muerte de d y un nene de seis años. Los medios llamaron el caso “la masacre de Pompeya”.
Para tomar la decisión, la Corte Suprema se basó en un informe realizado por la ex Defensora del Pueblo Alicia Pierini y el Dr. Mario Ganora, Jefe de planta de la misma institución, que durante el 2007 asistieron en calidad de observadores a las audiencias públicas de Carrera.
En el informe, se señala que el principio de imparcialidad de los jueces al que alude el Pacto de San José de Costa Rica y todo el resto de la normativa garantizadora “aparece –en el caso- como dubitable”. Fernando Carrera siempre sostuvo su inocencia, alegando que los policías lo dejaron inconsciente cuando estaba manejando y lo confundieron con un delincuente.
Respecto de la institución policial, el informe indica que “Son precisamente las fallas sistémicas de esta institución las que la ponen en riesgo de desconfiabilidad cada vez que se reiteran, comprometiendo también la confiabilidad en la administración de justicia cuando nada les reprocha, lo que contribuye a aumentar cada día más la sensación de inseguridad que hoy campea en la ciudad”. Puntualiza también que el procedimiento policial “fue temerario”.
Sobre la presunción de inocencia, Pierini apunta que “fue aplicada sólo a favor de los policías intervinientes para no investigar ninguna de sus conductas sobre las que emergieron dudas y sospechas, y no aplicada en cambio para evaluar la insuficiencia de prueba acusatoria contra el imputado”.
Respecto de la Fiscalía de Pompeya, distrito donde se produjo el accidente, el informe consigna que “no se evidenció que hubiera realizado el menor esfuerzo por garantizar la idoneidad y legalidad de la prueba que casi con exclusividad aportó la Policía”.
Además de las muertes, Carrera también fue acusado de robar previamente a un colectivo de la línea 32, hecho por el cual el informe entiende es “sin ningún criterio de sana lógica”.
En conclusión, el informe resalta que “la debilidad en la vigencia real de derechos y garantías es demasiado grave como para dejarla pasar”.
El informe completo: