El Gobierno estudia la posibilidad de suspender la aplicación de la Ley 27.551 de Alquileres. La norma fue votada por la Cámara Baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
La cuestión habría sido uno de los temas de análisis durante el almuerzo que compartieron en la víspera el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.
En el momento de su discusión, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
Ante la incertidumbre de los propietarios, uno de los primeros efectos no deseados de la ley fue una suba por encima de la inflación para los nuevos contratos. Apenas unos meses después, el mercado inmobiliario ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos. Esto hizo que diversos sectores comenzaran a plantear cambios y el tema fue uno de los lemas de de campaña de la oposición en las elecciones legislativas.
Finalmente, en noviembre de 2021, Massa -que entonces presidía la Cámara de Diputados- anunció que impulsaría una modificación de la ley y la creación de una comisión para analizar el tema. Unos meses después, el 1º de marzo de 2022, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, el propio presidente Fernández también pidió avanzar con cambios y reconoció problemas con el valor de los alquileres. Incluso se habló de suspender la ley por 90 días, lo que generó incertidumbre entre propietarios e inquilinos. Pero nada de eso avanzó.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla. Ninguno logró avanzar. En mayo 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño. La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos más polémicos.
Para la oposición, esos puntos -el plazo y los índices de actualización- eran precisamente los temas centrales a modificar con opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.
Qué dicen las inmobiliarias
Frente a esta posibilidad, Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), dijo que para tomar una medida de este tipo también se debería detallar “el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida”.
“Desde el Ministerio de Economía analizan este plan: contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”, sostuvo García Malbrán.
El titular de Camesi consideró necesario que “los contratos que se firmen de aquí en adelante, mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres; en este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.
Otro de los actores del sector, el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), entidad que agrupa a los corredores de la Ciudad de Buenos Aires, sostuvo que la ley de alquileres “debe cambiar, pero no de cualquier manera”.
“Celebramos que la necesidad de poner un punto final a la aplicación de la norma (que tanto daño hizo a la sociedad y nuestro sector) se encuentre entre las prioridades del Gobierno, pero sostenemos que el cambio debe darse siguiendo todas las formalidades”, señaló el CPI.
La entidad consideró que suspender por DNU la aplicación de una ley del Congreso “necesariamente tendría visos de inconstitucionalidad”, ya que implicaría que el Poder Ejecutivo se arrogaría la capacidad de legislar salteándose al Legislativo.
“Esto generaría una sensación de inseguridad jurídica e incertidumbre aún mayor a la que ya sufrimos, lo cual afecta a toda la actividad económica, pero especialmente a las inversiones inmobiliarias y de la construcción”, explicaron desde la entidad inmobiliario,
Por eso, solicitó que se traduzca “no en un acto intempestivo por parte del Poder Ejecutivo, sino en la búsqueda de consensos” en el Congreso, que permita que el Proyecto de Modificación tenga un rápido tratamiento en ambas cámaras.
“La intervención estatal en el mercado de alquileres ha sido y es un error que la sociedad viene sufriendo desde hace casi tres años; pero no se puede solucionar una equivocación con otra; el Estado cuenta con las herramientas correctas para saldar la injusticia que ha generado, y debe recurrir a ella en lugar de embarcarse en aventuras de dudosa legalidad”, completó.
Rechazo de los representantes de inquilinos
Desde el otro lado del mostrador, la Federación de Inquilinos Nacional planteó que “la ley de alquileres sigue vigente y modificarla por decreto sería inconstitucional”.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, denunció que “los alquileres se están dolarizando y no hay contratos registrados”.