El Gobierno repartió más de $445 millones a los partidos: los más beneficiados

El Gobierno repartió más de $445 millones a los partidos: los más beneficiados

Los sellos partidarios recibieron dinero tanto para sus alternativas nacionales como provinciales.


El Gobierno nacional repartió más de 455 millones de pesos a los partidos políticos para que se desenvuelvan institucionalmente. Se trata de la distribución anual del Fondo Partidario Permanente, un aporte destinado a todas las actividades políticas, institucionales y administrativas que llevan adelante las agrupaciones políticas.

El reparto del dinero se hizo a través de la Resolución 13/2023 de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior y según muestra el detalle de los montos girados a los sellos nacionales, el PJ recibió 12.879.503,79 pesos; el Pro, 12.581.157,09; la UCR, 12.021.781,23; la Coalición Cívica-ARI, 4.144.651,12; y el Frente Renovador, 2.771.832,27.

Estos espacios políticos también recibieron dinero mediante sus alternativas provinciales. En este caso, el PRO recibió 20.090.171,24 pesos; la UCR, 17.595.526,19; y el PJ bonaerense, 17.074.775,57. En total, se repartieron más de 455 millones de pesos a 49 agrupaciones nacionales y 548 provinciales.

Administrado por la Dirección Nacional Electoral, el Fondo Partidario Permanente (FPP) está conformado por el aporte destinado anualmente por la ley de Presupuesto General de la Nación; el dinero recaudado de las multas por la aplicación de la Ley 26.215 y el Código Nacional Electoral -de acuerdo con lo informado por la Justicia Nacional Electoral-; el producto de las liquidaciones de bienes de partidos políticos extinguidos, los legados y donaciones; los reintegros efectuados por partidos, confederaciones y alianzas; los aportes privados y los fondos remanentes.

De la totalidad del importe que se transfiere a los partidos políticos, el 20% se distribuye entre todos los espacios de forma igualitaria, mientras que el 80% se asigna de forma proporcional a la cantidad de votos que obtuvo cada partido político en la última elección de diputados nacionales.

Los aportes tienen que ser destinados únicamente al desenvolvimiento institucional, el financiamiento de actividades de capacitación para la función pública y la formación de dirigentes, por lo que no podrán ser usados para hacer campaña para las elecciones.

Reparto y criterios

El Fondo Partidario Permanente (FPP) está destinado a la actividad ordinaria de los partidos. Según los papeles, solo puede utilizarse -y así debe rendirse- para rubros como el pago de alquileres, el mantenimiento de las sedes partidarias y la capacitación, y no debería volcarse a la actividad proselitista. Una importante fuente judicial que conoce al dedillo la ley electoral, no obstante, reconoció que “una vez que los fondos se transfieren a la cuenta de los partidos, el dinero es fungible. Es muy difícil determinar si se destina como es debido o se compran carteles”.

El año pasado, el Gobierno había hecho dos desembolsos del FPP: repartió $329 millones en junio y repartió otra ronda de $297 millones en agosto. Un total de $626 millones, un 40% más que lo estipulado hasta ahora para este año.

Desde el Ministerio del Interior, a cargo de la DINE, señalaron que aún no está confirmado si dentro de algunos meses habrá un nuevo reparto. Al monto que le corresponde a cada fuerza detraerse dos conceptos: las deudas de los partidos y las multas y sanciones informadas por la Justicia Nacional Electoral.

La caja que se ordenó distribuir este jueves en el Boletín Oficial, no obstante, es la primera de varias cajas que serán distribuidas por el Gobierno durante el año electoral. En junio se espera la distribución de los aportes de campaña y luego vendrán los fondos para la impresión de boletas, que se pagan como suma fija a cada una de las listas que se oficializan.

Además, podrían haber “aportes extraordinarios” extra para atender gastos no electorales de los partidos políticos reconocidos. Todo ello responde únicamente al dinero que la política recibirá del Estado: la recaudación gruesa, como en cada elección presidencial, se hará entre personas particulares y empresas.

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