El Gobierno nacional decidió terminar el contrato con la empresa española Isolux Corsan S.A., quienes se encontraban al mando de la obra de la central termoeléctrica carbonífera de la localidad santacruceña de Rio Turbio, adjudicada en diciembre de 2007 por u$s 665 millones. Al respecto, el Gobierno ordenó “la inmediata toma de posesión de la obra”.
La medida se llevó a cabo luego de verificar que al vencimiento del plazo previsto, el 1° de febrero de 2017, la obra se encuentra inconclusa, los trabajos fueron interrumpidos en marzo de ese año y se requiere de no menos de 24 meses para terminarse.
La resolución 144 de la Secretaría de Energía Eléctrica precisa que el avance físico de la obra principal es del orden del 85%, mientras se constatan diversos grados de progreso (o ninguno) en las distintas variantes aprobadas, “circunstancias que configuran las causales de rescisión previstas en el artículo 50, incisos b) y e) de la Ley 13.064”.
En ese sentido, los trabajos en Río Turbio fueron brindados bajo la modalidad “llave en mano” hace poco más de diez años a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Isolux Corsan S.A., Isolux Ingeniería S.A., Tecna S.A. y Ghesa S.A., y en julio del año pasado el grupo español pidió el concurso de acreedores.
La entidad de la central carbonífera santacruceña “no ha cumplido con su obligación de ejecutar, mantener y reparar las obras conforme a los pliegos licitatorios y las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes”, explicó la resolución que se publicó en el Boletín Oficial.
Frente a esto, el dictamen aclaró que “algunos equipos presentan daños y deterioros, como el horno y la cámara de quemador auxiliar de la caldera I; el ventilador de tiro inducido y la caja de vientos de la Unidad 1; los generadores, la planta de tratamiento de agua; y la cinta interior de mina 1P5”.
Por lo tanto, Isolux “ha perdido las garantías de los fabricantes de los principales equipos de la obra (calderas, turbinas, generadores, bombas de alta presión de alimentación de agua de calderas, condensadores y transformadores)”, dispuso el Gobierno.
El grupo empresario tampoco mantuvo los seguros de responsabilidad civil extra contractual y de todo riesgo construcción, que vencieron el 30 de junio de 2017; y de responsabilidad ambiental, vencido el 17 de mayo de 2015, “con el consecuente riesgo para los intereses del Estado nacional”.
Dicho riesgo, expresó la resolución, “se encuentra agravado por el incumplimiento de la contratista de su deber de vigilancia de las obras“, asumido por el comitente desde agosto pasado a cuenta y bajo la órbita de Isolux, para “preservar la integridad” del personal y los equipos e infraestructura existentes en obra.
La resolución fue firmada por el secretario Alejandro Sruoga, quien además detalló que otro de los motivos del cese fue el reemplazo de miembros de la UTE, tras la transferencia de la participación de Isolux Corsan a Isolux Ingeniería, sin la previa autorización que se requiere.
Por otro lado, cabe destacar que la medida rechaza la excusa de “falta de pago” que había indicado la contratista y que aseguró que todos los créditos fueron cancelados en aquellos casos en que Isolux cumplió con los requisitos legales y contractuales.
Por último, la disposición subrayó que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Energía y Minería “inicie las acciones judiciales que correspondan para el reintegro del monto que resulte adeudar la contratista, en virtud de la liquidación final de los trabajos y del resarcimiento de todo perjuicio ocasionado al Estado nacional”.