El auditor general de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Lisandro Teszkiewicz, denunció que “el Gobierno porteño, desde 2007 que viene desmontando la Dirección de Infraestructura Escolar. En ésta había antes arquitectos, plomeros, electricistas, maestros mayores de obras y todo tipo de personal capacitado para mantener los edificios escolares, que en la ciudad son 816”.
Luego el abogado auditor explicó que la Auditoría General de la Ciudad (AGCBA) aprobó un informe que se refiere al Sistema Global de Mantenimiento (SIGMA), que existe para “garantizar la conservación, mantenimiento y puesta en valor de todos los establecimientos de educación pública con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El auditor manifestó que “con este sistema ahora se licita el mantenimiento, pero está manejado por las empresas constructoras. Se trabaja con abonos mensuales, pero cada vez que hay un arreglo en cualquier edificio educativo hay que pagar de más, por mayores costos. El abono nunca cubre los trabajos, por pequeños que sean. Lo que se paga aparte se llama Mantenimiento de Obra Menor (MOM)”.
Luego Tezkiewicz expresó que “nosotros detectamos que el sistema funciona así: la directora de una escuela llama a Infraestructura Escolar por algún problema, desde aquí se llama a la empresa, que pasa un presupuesto con MOM antes de hacer el trabajo y este trámite puede durar varios meses, mientras el problema sigue sin arreglarse”.
Alarmado, el auditor reveló que “nosotros en la Auditoría nos encontramos con incumplimientos importantes. Por de pronto, a los arquitectos les falta auditar a 115 escuelas, a las que no se les realizaron la revisión periódica. Además, en otras 120 escuelas no se realizó el control de plagas y tampoco se cambiaron los vidrios en la mitad de las escuelas auditadas. Así podemos seguir”.
Teszkiewicz advirtió que las falencias en el Plan SIGMA “generan un gran peligro para la comunidad educativa”. En el informe aprobado por el organismo del que forma parte, se “sacó a la luz la inconsistencia en la ejecución y rutina del plan de mantenimiento, demostró demoras en la ejecución, en los expedientes y comprobó la ausencia de indicadores de gestión”.
Además, volvió a afirmar el auditor, “por otro informe sabemos que no existe un mapa de riesgo edilicio, que es un informe de cada escuela que se dirige a la Dirección de Mitigación de Riesgos. De esta manera, el Ministerio de Educación conoce los peligros que existen en las escuelas”.
“Vemos con estos informes que en el período anterior al inicio de la pandemia, la situación ya era complicada, pero al iniciarse ésta, el Gobierno le quitó 528 millones de pesos a Infraestructura Escolar por medio de una Ley de Emergencia. Ahora, cuando se plantea la vuelta de la presencialidad total, aparecen otras falencias. Por ejemplo, en la Escuela Técnica Alejandro Volta los talleres están en el subsuelo, por lo que no puede existir la ventilación cruzada. Con esta situación, no se puede cumplir con el protocolo. Esto quiere decir que o abren sin protocolo o no abren”.
Otro problema es la falta de personal. “El protocolo dice que cuando sale un grupo y entra otro grupo, en el intervalo hay que limpiar y desinfectar, pero en una escuela de 27 cursos hay tres personas de mantenimiento y eso hace que sea físicamente imposible cumplir con el protocolo. ¿Me puede decir cómo van a hacer?”.
Tezkiewicz advierte además cierta negligencia en la provisión de los elementos necesarios para cumplir con los protocolos. “A una escuela que tiene 700 alumnos y 200 docentes le mandaron un Tótem de desinfección, una alfombra y dos termómetros. Cada vez que ingresaba un grupo, la cola era kilométrica, ya que todos los que llegaban tenían que desinfectar sus manos y se le debía tomar la temperatura”.
El auditor porteño reclama que “así no se puede volver a la presencialidad total, en estas condiciones no se puede. Para hacerlo, se debería cumplir con la Ley de Mitigación de Riesgos y efectuar el Mapeo de Riesgo. El Gobierno tuvo 16 meses para hacerlo y los perdieron. La presencialidad no es un problema político, sino un problema de gestión”.
Teszkiewicz manifestó que “con este sistema ahora se licita el mantenimiento, pero está manejado por las empresas constructoras. Se trabaja con abonos mensuales, pero cada vez que hay un arreglo en cualquier edificio educativo hay que pagar de más”.
Un Informe crítico
El informe a que hace referencia Tezkiewicz está relacionado con los planes de Autoprotección, para los que la Ley 5.920 establece que cada establecimiento educativo debe presentar su plan de autoprotección y el mismo debe ser aprobado. Sin embargo, en 2019, sólo se habían presentado 51 planes sobre 816 establecimientos escolares. Es decir que menos del 10% de los establecimientos escolares tiene planes para reducir los riesgos en tiempos sin pandemia.
El documento también muestra que la dirección de mitigación ha sido recortada en varias de sus funciones, que han sido traspasadas a Mantenimiento. Esto muestra falta de coordinación entre las distintas unidades encargadas de la seguridad en las escuelas, como la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección de Mitigación de Riesgos.
Además, se puede detectar el déficit de control, capacitación y prevención de incendios. En ese sentido, según detalla el informe, se detectaron 47 ascensores no aceptados por las empresas de mantenimiento que realizan el control de los mismos, ni se ha finalizado con el reemplazo de vidrios estipulado por ley.
Además, se observó subejecución presupuestaria en las siguientes obras: “Protección de vidrios” (solo se devengó el 42,72 %) y “Elementos para la accesibilidad” (tuvo devengamiento 0%). Además, hay empresas encargadas de mantenimiento que no están habilitadas por la Agencia Gubernamental de Control, lo que también sucede para el caso de los matafuegos.
El informe de la AGCBA también muestra que es deficitaria la cantidad de capacitaciones en materia de incendios y en la cantidad de simulacros y que no hay constancia de las personas que asistieron a las capacitaciones que fueron efectivamente dictadas. Además, señaló que no está claro el destino de los 1800 kits de reposición de botiquines que fueron adquiridos.
De acuerdo a este informe de la AGCBA, en 114 edificios educativos públicos, es decir el 14,50%, los controles de la instalación eléctrica no se cumplieron mensualmente en 150 edificios con las mismas características, que representan el 19,84% del universo ingresado por la Dirección General de Mantenimiento Escolar para rutinas, se realizaron menos de 12 rutinas, lo mismo sucedió en el rubro saneamiento/control de plagas; a la fecha de cierre del informe en cuestión no se han reemplazado la totalidad de los vidrios crudos existentes en establecimientos escolares que se hallan bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad.
Teszkiewicz sostuvo además que “es evidente que el gobierno porteño no cumple con su obligación de asegurar las condiciones para el paso seguro de la comunidad educativa por las aulas, lo que implica la existencia de riesgos concretos”.
El auditor peronista sostuvo también que “el desinterés del Ejecutivo porteño sobre la educación pública reviste gravedad en cualquier contexto, pero si tenemos en cuenta que el trabajo auditado es del 2019, nos deja en claro la escasa adecuación para que la educación pública pueda llevar adelante sus tareas de la forma en que corresponde”.
Finalmente, Tezkiewicz expresó que “¿qué pasa si nos remitimos al contexto actual, marcado por la pandemia del COVID-19? ¿En qué condiciones puede estar un edificio para retomar las clases presenciales, si en la gran mayoría de ellos no se realizaron rutinas ni los mantenimientos necesarios? Una vez más, estamos en presencia de la desidia y de la falta de interés del gobierno de Larreta para la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires”.
