Aunque los metrodelegados y la empresa Metrovías volvieron a fumar la pipa de la paz tras la negociación y la posterior solución al ser levantado el paro rotativo anunciado para el jueves, nadie puede asegurar que el conflicto no regrese. Y eso asusta demasiado a los usuarios de las seis líneas de subterráneos y el premetro. Porque más allá de los argumentos esgrimidos tanto por los trabajadores del subte como por la empresa concesionaria, cuyo paquete accionario en su mayoría es controlado por el Grupo Roggio, los mayores perjudicados siguen siendo los pasajeros del servicio, ya que son los únicos que no disponen de ninguna herramienta para protestar. Algo que no ocurre en el caso de los metrodelegados y de Metrovías.
Tanto desde un lado (los laburantes del subte) como desde el otro (la patronal), se cuentan con elementos de presión para que sus reclamos puedan ser tomados en cuenta y, llegado el caso, resueltos satisfactoriamente. Pero las medidas de fuerza que se iniciaron a fines de la semana pasada y que llegaron a su momento más álgido el lunes, cuando el servicio fue interrumpido de manera total durante todo el día, con el agravante de que no hubo aviso previo, tiene también otros responsables, que en este caso tienen nombre y apellido: los gobiernos de la Ciudad y la Nación.
Otro de los protagonistas que también hizo su parte para que el conflicto se extendiera fue la Unión Tranviaria Automotor (UTA), principalmente el lunes, al lograr que del paro rotativo se pasara a una huelga total que se extendió a todas las líneas, durante toda la jornada. Esto se debió a la histórica pelea sindical que la UTA mantiene con la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp). Los líderes de la Agtsyp denunciaron ese día que los trabajadores de la Unión Tranviaria Automotor cortaban las vías para impedir la salida de las formaciones y que esto lo hacían con el aval de la patronal para perjudicar a los trabajadores del subte que estaban realizando los paros rotativos y exponerlos ante la opinión pública.
En el caso de las administraciones de la Ciudad y la Nación, la actitud de patear la pelota afuera, echándole la culpa a los otros como si ellos no tuvieran nada que ver, es un recurso que por lo gastado y falaz de su argumentación cansa sobremanera a los perjudicados. La culpa siempre es del otro, como si se tratara de un grupo de adolescentes que lo único que les importa es zafar del conflicto lo antes posible, aunque con ello dañen a terceros.
Todo lo contrario ocurre cuando aceptan sus obligaciones. El paro rotativo anunciado para el jueves se pudo desactivar cuando el gobierno porteño de Mauricio Macri tomó el toro por las astas y se involucró de lleno. El ejemplo que mejor grafica lo afirmado es que la negociación que culminó de manera satisfactoria entre los representantes de los trabajadores del subte y los representantes de Metrovías se realizó el miércoles por la tarde en la sede de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. El objetivo de los funcionarios porteños fue solucionar el conflicto que se desató tras la firma del acuerdo por partidarias, ya que los líderes de la Agtsyp plantearon su rechazo al acuerdo firmado con la Unión Tranviaria Automotor.
Mediante un comunicado difundido a la prensa, los trabajadores anunciaron la suspensión de la medida de fuerza del jueves, luego de una reunión interna como “un gesto conciliador” y anticiparon que cuentan “con la mejor predisposición para el diálogo”.
Los metrodelegados reiteraron que para destrabar el conflicto definitivamente, Metrovías debía aceptar la devolución del dinero por los diez días descontados del paro en agosto pasado y que no les quiten el uno por ciento del salario, el cual será destinado a la obra social de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que tiene la personería gremial.
No obstante, a pesar de lo razonable de los argumentos esgrimidos por los trabajadores del subte, lo que no pueden seguir haciendo es tomar a los pasajeros de rehenes, porque cada vez que hacen un paro los mayores perjudicados son los usuarios, y no Metrovías. La síntesis de los hechos demuestra claramente que cuando existe el interés del Gobierno porteño y de los metrodelegados y el Grupo Roggio, la solución se encuentra más cerca. Más allá de lo que pueda argumentar en su defensa la administración macrista sobre las falencias del servicio y de que todavía no se hizo cargo del mismo, cuando se acepta la responsabilidad de gestionar, pese a todas los obstáculos y aunque no se llegue a la solución ideal, a la sociedad le queda la sensación de que algo se está haciendo, y en el caso del servicio de subtes, eso parece demasiado.
