La Justicia puso en el ojo de la tormenta a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien fue imputada por haber desvinculado al presidente Mauricio Macri de haber cometido alguna falta ética en la causa por la deuda del Correo Argentino.
La fiscal federal Paloma Ochoa abrió formalmente una causa luego de una denuncia que fue presentada el 17 de octubre pasado por los diputados del Frente Renovador Graciela Camaño, Alejandro Grandineti y Cecilia Moreau, quienes cuestionaron que la resolución tenía la “evidente finalidad que perseguía desligar de responsabilidades” al primer mandatario y el ministro de Defensa, Oscar Aguad.
En la denuncia, los referentes del FR cuestionaron que la titular de la OA no podría “bajo ningún punto de vista estar al mando de dicha oficina, toda vez que al tener una relación cercana con Macri, resulta ilógico e increíble, que ella sea quien deba llevar adelante investigaciones que involucren al mencionado precedente”.
A principios de 2017, la fiscal general en lo Comercial, Gabriela Boquín, había cuestionado duramente la aceptación de la oferta por parte del Estado y consideró que al acuerdo para el pago hubiera sido “abusivo”, en tanto implicaba “una condonación de la deuda” por más de 4000 millones de pesos”.
Boquín había advertido también que “habiendo relación de dependencia jerárquica entre el Presidente, el jefe de Gabinete y los ministros, la existencia de conflicto de interés surge palmaria”.
Luego del revuelo que generó la investigación, la fiscal acusó al Correo de buscar obstaculizar su trabajo y sufrió varios intentos de desplazamiento del oficialismo. Finalmente, el gobierno desligó por completo a Macri y el mismo presidente firmó en octubre de este año un decreto para designar a la vicepresidenta Gabriela Michetti como la encargada de ocupar su lugar para llevar adelante cualquier tipo de intervención relacionada con la empresa que fue propiedad del Grupo Macri.
En tanto que Alonso, en su resolución, dijo que no se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Jefe de Estado. También señaló que cuando se hizo el acuerdo, Macri no tenía intereses financieros en Soscma Americana porque Macri dejó sus acciones en 2009 y se las dejó a sus hijos.