Este lunes comenzaron las clases en muchos colegios y jardines de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Pero la jornada comenzó dramática: hubo un llamado que alertó sobre un presunto artefacto explosivo en el colegio al que acude la hija menor del presidente Mauricio Macri: Antonia. La alarma fue falsa.
El responsable resultó ser un ex alumno que ahora deberá pagar casi $8 mil por los gastos del operativo de seguridad que instrumentó el Estado por su “broma”. Así lo determinó el juez federal Sebastián Ramos, quien además dispuso que el joven asista a cinco clases en donde se le expliquen las consecuencias de los llamados intimidatorios. Las clases serán en el mismo colegio al que amenazó, según el fallo al que accedió Infobae en el marco de un proceso de suspensión de juicio a prueba.
“Aparece sustancialmente más provechoso aceptar el ofrecimiento formulado por Detang que la continuación del proceso a su respecto, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor expectativa radica en la imposición de una condena de ejecución condicional”, afirmó el juez Ramos en su resolución. El juez destacó además que “constituye un aporte para el logro de los fines mismos de la pena al reconocer un efecto resocializador”.
Para el juez, “no resulta un dato menor en aras a la consecución de los fines propuesto por el instituto sub examine que el procesado haya ofrecido cubrir los gastos del operativo policial generado a partir de su conducta. Teniendo en vista la resocialización del nombrado, el primer paso debe necesariamente implicar el reconocimiento de que todo acto acarrea una consecuencia y, en ese sentido, no hay indicio más firme de ello que el ofrecimiento de hacerse cargo de la erogación que el Estado se vio obligado a realizar para prevenir la falsa alarma provocada” por él.