El gobierno nacional presentó en la madrugada de este viernes santo, ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito dos alternativas para pagarle a los fondos buitres y a los bonistas que demandaron al país para cobrar bonos impagos desde el default de fines de 2001.
La propuesta de la Argentina incluye dos “paquetes”: uno contempla el pago de la deuda en bonos Par, más el pago en efectivo de los intereses devengados desde el 31 de diciembre de 2003; la otra opción es la cancelación con bonos Discount (que conlleva una quita), y el pago de intereses con un bono Global 2017. Ambas opciones incluyen el cupón del PBI.
El bono Par tiene vencimiento en 2038 y ofrece un interés inicial del 2,5 por ciento, que luego asciende hasta el 5,25. El Discount es un título más “corto”, con vencimiento en 2033, conlleva una quita, y ofrece un interés mayor, del 8,28 por ciento anual.
La propuesta, elaborada por el Ministerio de Economía y los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, el estudio que ha llevado la defensa de la Argentina en la Justicia norteamericana, fue, muy probablemente, la última palabra de la Argentina ante el tribunal antes de que se conozca la decisión final de sus tres jueces.
Los fondos especulativos NML Dart y Elliot son acusados por el kirchnerismo de comprar la mayoría de los bonos en default a un bajo precio, para reclamar luego el 100 por ciento de su valor nominal en la Justicia.
Esos fondos, con Paul Singer del NML Elliot a la cabeza, reclaman al país en los estratos judiciales que le abone unos 1.300 millones de dólares por capital más intereses, pero la Casa Rosada le responde con la interpretación del pari passu otratamiento igualitario con los acreedores que entraron al canje.
Pese a que con seguridad los denominados “fondos buitres” rechazarán ese ofrecimiento, los asesores legales de la Argentina deberán convencer al tribunal, que determinará la validez o no del fallo de Griesa.
El escrito, de 22 páginas, advierte que la Argentina podría llegar a enfrentar en la Justicia reclamos por 43 mil millones de dólares -un monto equivalente al total de las reservas del Banco Central- si la Corte decide ratificar la orden de Griesa del 21 de noviembre de 2012.
Con su propuesta, la Argentina responde a un pedido de los jueces del tribunal, que les solicitaron a los abogados que representan al Gobierno que entregaran un escrito con los detalles de la propuesta de pago a los holdouts.
A fines del año anterior, el gobierno nacional propuso en otro escrito a la Corte pagarle a los demandantes en las mismas condiciones ofrecidas a los acreedores que canjearon sus bonos en 2005 y 2010. El mes pasado, luego de una audiencia en febrero, la Corte le pidió precisiones.
Fuentes del Ministerio de Economía dijeron que no anticiparían ningún detalle de la propuesta y ni siquiera confirmaron que la presentación hubiera sido girada a la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Con todo, el Gobierno ofrecería un plan de pago con una quita real de 50% para los demandantes, según dejaron trascender funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner esta semana.
La oferta busca torcer una decisión de la Corte, que ya había avalado, en octubre del año anterior, una sentencia de Griesa de febrero que había sido desfavorable para la Argentina ya que emplazó al país a pagar el 100 por ciento de losbonos defaulteados en 2002 por la fugaz presidencia de Adolfo Rodríguez Saá.
Una decisión favorable al país por parte del tribunal permitiría eliminar el riesgo de que el país vuelva a caer en default, algo que analistas de bancos de inversión, abogados y periodistas que siguen de cerca el caso aquí creen que es un escenario probable si el tribunal falla en contra del país.