El fiscal de instrucción penal Andrés Madrea apeló el sobreseimiento de dos funcionarios del gobierno porteño, uno de ellos candidato a juez de la Ciudad, por sus supuestas responsabilidades en el derrumbe de un entrepiso del boliche Beara, donde murieron dos jóvenes.
En un escrito de más de 30 páginas, el fiscal objetó los sobreseimientos dispuestos por la jueza de instrucción Alicia Iermini a favor del ex director del área de Habilitaciones y Permisos del gobierno porteño Martín Farrell y de su segundo, Pablo Saikauskas.
Además apeló los sobreseimientos de los empresarios Juan Carlos Yun, Agustín Dobrila, Roberto Kattán Corial e Iván y Ronaldo Flies, procesados por la muerte de las dos jóvenes pero exculpados del delito de “cohecho”.
El fiscal detectó en el fallo de la jueza Iermini “una serie de incongruencias e inconsistencias manifiestas que atraviesan todas las conductas e hipótesis tratadas” y “van parcializando análisis que debieron ser conjuntos e integrales”.
Para Madrea, los ex funcionarios Farrell y Saikauskas “incumplieron con las obligaciones inherentes a sus cargos, en violación a las normas que regulan su actividad”.
En ese sentido, recordó que “los funcionarios municipales tanto de habilitaciones como de fiscalización, cada uno en su materia, ostentan la autoridad de prevención pública especifica que la deben desarrollar conforme la normativa que les compete”.
Asimismo el fiscal criticó que haya sido procesada la ex directora de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Vanesa Berkowski, y exculpados Farrell y Saikauskas, pues las responsabilidades de los tres “no son excluyentes ni dirimentes una de otras y bien cada uno por su lado podría ser un factor a los efectos de la evitación del resultado mortal”.
“El hecho que inicialmente el entrepiso haya sido mal construido por los privados y peor verificado por los funcionarios públicos de habilitaciones mediante abonos ilegítimos no se controvierte de ninguna manera con que además pudieran fallas en el control de uso ilegal del lugar”, añadió.
El fiscal sostuvo que la compulsa de la causa “no deja dudas a quién estaban direccionados los pagos de la ‘cometa’ y también la ‘comisión’ para los gestores; pero además cabe lógicamente convenir que un pago de esta naturaleza sólo posee razón de ser si es dirigido a quien puede brindar una contraprestación al efecto y precisamente lo que los socios explotadores pretendían”.