Amnistía Internacional manifestó su profunda preocupación con relación a los últimos anuncios sobre la política de seguridad que compromete la responsabilidad del Estado argentino.
“El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”, dijeron.
Y emitieron un comunicado en donde critican el uso de las pistolas Taser.
Amnistía Internacional hace años investiga el uso de armas de electrochoque (como las Taser) y destaca dos preocupaciones principales en materia de derechos humanos, que han sido compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU.
En primer lugar, se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas. En segundo lugar, las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona.
“Esto último es bien relevante. El punto es cómo el gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
También criticaron el proyecto de la baja de la imputabilidad. En el marco de estos anuncios, preocupa también a la organización la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. Desde hace años Argentina ha sido interpelada por los organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal.
“Esta necesaria reforma no puede hacerse de cualquier modo. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”, afirmó Mariela Belski.
En este sentido y atendiendo estas recomendaciones, llama la atención la propuesta de baja de edad de imputabilidad presentada, ya que representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos.
Preocupan además los anuncios del Gobierno que, basados en estadísticas tergiversadas, insisten en abordar a la migración desde un paradigma de seguridad y punitivo.
A diferencia de lo anunciado a los medios, la totalidad de personas extranjeras detenidas en Argentina no es de un 20% sino que es de cerca del 6%, cifra que no se ha incrementado en los últimos años. El gobierno debe promover la regularización y la garantía de los derechos de las personas migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un enfoque de derechos humanos.
Amnistía Internacional considera imperioso que el Gobierno respete los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de seguridad, escenario en donde en muchos casos se trata de la vida y la libertad de las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables.