El Consejo de la Magistratura se recargó de política a fines del 2011 con el ingreso de los 3 consejeros designados por la Legislatura y, la política se recargó de poder. Entre las primeras medidas que el Plenario dispuso, dejando en evidencia el fortalecimiento de la política, nombró al ex legislador Juan Manuel Olmos como presidente del órgano administrador del Poder Judicial de la Ciudad. Pero la figura del ex presidente del PJ porteño no sólo tendrá peso por si sola. Una resolución del Consejo otorgó a la Presidencia poderes que antes no ejercía.
A partir de lo dispuesto en la resolución 1046/11, Olmos tendrá plenas competencias en todo lo referente a las políticas en materia de recursos humanos del Poder Judicial de la Ciudad y tendrá en sus manos la capacidad de armar, desarmar y reordenar las estructuras del Consejo, tribunales, e incluso, dependencias del Ministerio Público porteño.
Según expresa la resolución se delega ?en la Presidencia del Consejo de la Magistratura la política de recursos humanos en cuanto a la reorganización administrativa del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ?excluido el Tribunal Superior de Justicia-?.
La capacidad de modificar las estructuras y mover al personal de la justicia, si bien estará en manos de Olmos, estará ligada a la participación de otra figura política en el Consejo, el radical-macrista Sebastián De Stéfano (hombre de Daniel Angelici).
La resolución deja expresa referencia a que toda decisión que la Presidencia desee tomar en materia de política de recursos humanos deberá contar con la ?previa consulta al Presidente Coordinador de la Comisión de Administración Financiera, Intraestructura y Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones (De Stéfano) a fin de corroborar la existencia del crédito presupuestario necesario para dictar la resolución correspondiente?.
En los fundamentos de la resolución se resalta que las nuevas competencias de la Presidencia del Consejo permitirán agilizar los procedimientos para poner en funcionamiento las nuevas dependencias jurisdiccionales creadas con la modificación de la ley 7 hace 2 años (juzgados nuevos en lo CAyT, y más fiscalías, defensorías y asesorías tutelares); además que ?profundizar el esquema de delegaciones en la Presidencia [?] contribuirá a un mejor manejo y provecho de los recursos humanos de los diversos ámbitos de intervención de esa Administración, a aliviar el cúmulo de tareas que pesan sobre el Plenario de Consejeros y en especial, sobre la Comisión de Selección de Juezas, Jueces e Integrantes del Ministerio Público, proveyendo mayores grados de eficiencia?.
La medida, no cayó muy bien en el Ministerio Público, ya que si bien la Ley 1903 les otorga poderes especiales a los titulares de la Fiscalía, Defensoría y Asesoría Tutelar, dotándolos de autarquía, la autarquía con la que cuentan tiene límites, y en la resolución queda en claro que los superpoderes otorgados a Olmos y, en cierta medida a De Stéfano, no sólo buscan ?agilizar el trámite diario?, sino ?también avanzar sobre la reformulación de estructuras, designaciones, pases, promociones, licencias y, en general, todo lo relativo a la mejor administración de los recursos humanos?.
En otras palabras, los nuevos juzgados, fiscalías, defensorías y asesorías tutelares serán armados con el personal que el Presidente del Consejo resuelva.
