Los integrantes de la Cámara Argentina de Agencias de Remises (CAAR) lanzaron una ofensiva para lograr que la Legislatura apruebe -después de muchas demoras- una ley que reglamente su actividad. Para esto presentaron un proyecto de ley y también salieron a cuestionar a quienes los controlan, disconformes con el tratamiento -injusto, según dicen- que reciben.
Alberto Coppari, presidente de CAAR, manifestó que Roberto Rádice, el interventor del Área de Taxis y Remises de la Dirección de Tránsito, es propietario de -por lo menos- un taxi, hecho que lo inhabilita para ocupar el cargo. Los remiseros salieron además a cruzar duramente a SACTA, que es el organismo de verificación técnica al que deben asistir para que les actualice la tarjeta magnética que los habilita para trabajar. Acusan a esta empresa privada de demorar a los remiseros a veces hasta seis o siete horas para un trámite y de ser cara para el servicio que ofrece.
En el proyecto de ley que presentaron, los remiseros plantean que se les permita habilitar autos de hasta cinco años de antigüedad, contra un año como exige la actual normativa; quieren también poder habilitar vehículos de 900 kilos, contra los 1.000 kilos que se exigen ahora. CAAR plantea además que no debe haber un cupo de autos habilitados, contra lo que quiere el gobierno, que exige un tope de 6 mil vehículos.
Finalmente, los miembros de CAAR quieren volver a la situación de antes de 1998, cuando los autos podían habilitarse libremente. En ese año, el actual presidente, Fernando de la Rua, prohibió la autorización de nuevos modelos, lo que provocó la proliferación de agencias ilegales, que ahora son una competencia desleal para las agencias habilitadas
