Resultados de la auditoría que se le realizó a la DAI

Resultados de la auditoría que se le realizó a la DAI

La Auditoría General de la ciudad realizó una auditoría a la Dirección General Administrativa de Infracciones (D.A.I.) donde se comprobaron deficiencias y la necesidad de implementar una inmediata Licitación Pública para el servicio de procesamiento informático de infracciones


La Auditoría General de la ciudad realizó una auditoría a la Dirección General Administrativa de Infracciones (D.A.I.); dicha dirección tiene su sede principal en el primer piso del edificio Del Plata -C.Pellegrini 211-, contando con subsedes en diferentes Centros de Gestión.

La D.A.I. nació como una desmembración del Tribunal de Faltas y que por decreto pasó a depender jerárquicamente de la Secretaría de Gobierno. Actualmente, por la desaparición de la secretaría producida en mayo último, pasó a depender de la Secretaría de Justicia y Seguridad.

Entre las funciones más importantes que tiene la D.A.I. está la custodia y sistematización de las denuncias contenidas en actas de comprobación, esto es que recibe las "boletas", las procesa y archiva.

También se ocupa de la citación y cobra del pagos voluntarios, extiende certificados de libre deuda, informa sobre antecedentes, actualiza el padrón de titulares de rodados, insta el cobro ejecutivo de multas por medio de mandatarios y en el futuro será la encargada de la recepción de citados en la etapa administrativa de trámite de infracciones, previa a la intervención de los Controladores.

Con las distintas modificaciones operadas su estructura fue variando y como consecuencia incumple varias de las obligaciones que como dirección general tiene a su cargo.

Pero la recomendación específica más importante se refiere a que se deberán "… instrumentar las medidas necesarias tendientes al llamado a una Licitación Pública para la prestación del servicio Integral de Procesamiento Informático de Actas de Comprobación de faltas municipales, distribución, remisión e informatización de emisión de licencias de conductores …", ya que dicha función había sido privatizada y la contratación celebrada con la U.T.E. -unión transitoria de empresas-, encargada de la tarea, venció y carece al presente de una instrumentación legal, habiéndose transformado en una "relación de hecho", algo incompatible con la importante función que realiza y el monto que cobra por sus servicios.

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