Cada uno defendió lo suyo y actuó en consecuencia. Los discursos que se sucedieron durante casi siete horas en la Legislatura porteña por la tragedia de Time War, fueron un fiel reflejo de eso.
El Frente para la Victoria hizo hincapié en las fallas que cometió el Gobierno porteño y hasta pidió que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, concurriera a la Legislatura a dar explicaciones.
El Pro respondió con todo, negando la falta de controles y recordándole al kirchnerismo lo poco o nada que había hecho por detener al narcotráfico. Pero los legisladores del oficialismo, fueron más allá y les recordaron a sus pares del FpV que después de la tragedia de Once ningún funcionario nacional concurrió al Congreso nacional a dar explicaciones.
Sin embargo, se pusieron de acuerdo en una cosa: aprobar el pedido de informes consensuado que junto todo las preguntas de todos los bloques. La votación arrojó 55 votos a favor y una abstención. Pero antes hubo chicanas.
El miércoles por la tarde, en la reunión de labor parlamentaria, se determinó que el bloque del Pro tuviera 90 minutos para hablar, el del Frente para la Victoria 60, el de SUMA+ 45, el de Confianza Pública 25 y los monobloques 20.
El panorama se empezó a calentar cuando comenzaron a hacer uso de la palabra los legisladores del FpV. El primero fue Gabriel Fuks, que dijo que “la gravedad del hecho amerita la creación de una Comisión Investigadora” y que la exposición que hizo el lunes en la Legislatura, el director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), Matías Álavarez Dorrego, dejó “más dudas que certezas”. Y agregó: “Las respuestas de los funcionarios parecen tener el objetivo de tapar los problemas”.
La diputada porteña María Magdalena Tiesso, pidió directamente la interpelación de Larreta, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, martín Ocampo y la de varios funcionarios de la AGC. “Lo que sucedió en Costa Salguero demuestra la ausencia del estado”.
A continuación, Lorena Poloik, señaló que las muertes eran evitables y que se produjeron porque el Gobierno no ejerció los controles correspondientes. “A los pibes los mató la falta de controles”, acusó.
En el mismo tono, se expresaron, Javier Andrade, Andrea Conde, José Cruz Campagnoli y Pablo Ferreyra. Las críticas a la falta de controles del Gobierno continuaron.
Conde dijo:”O bien nos están mintiendo, porque no controlaron lo que dicen que controlaron, o bien los mecanismos y criterios de control son ineficientes, porque el Gobierno dice que estaba todo bien y hoy tenemos cinco pibes muertos. Tal vez parte del problema es que hay personas que están de los dos lados del mostrador, porque controlantes y controlados, Gobierno y empresarios, son los mismos o tienen indudables vínculos.”
“La AGC no controla nada en la Ciudad”, dijo Paula Penacca y reiteró que el gobierno debe hacerse cargo de lo que ocurrió.
Por último, habló el jefe del bloque, Carlos Tomada, y de entrada dejó en claro que el pedido de informes que se estaba votando era el primer paso para llegar a la verdad, pero que desde el bloque usarían todas las herramientas a su disposición para avanzar.
“El sistema de controles de la Ciudad se encuentra en una crisis gravísima y los responsables de esta crisis son políticos. Ante este panorama el Gobierno de la Ciudad no da respuestas”, aseguró.
Por eso no descartó apoyar pedidos de interpelación o la creación de una Comisión investigadora. “Necesitamos respuestas políticas, por eso el Jefe de Gobierno debe venir a la Legislatura a explicar lo que pasó”, finalizó.
Ahora era el turno del oficialismo. Las críticas esperaban respuestas. La devolución de gentilezas, del Pro no se hizo esperar.
Arrancó hablando Omar Abboud, que dijo que algunos “pret6enden reducir la tragedia a una mera cuestión política o a un titular de diario”.
“En este momento, no sirve de nada sacar las miserias y hacer uso de lo peor de la política. Todos tenemos que hacer una autocrítica y muchos de los que hablan no saben nada de este nuevo tipo de drogas”, manifestó el legislador Juan Pablo Arenazza.
La defensa al Gobierno porteño, unió a los diputados Roberto Quattromano, José Luis Acevedo, Emilio Raposo Varela, Claudia Calciano.
“El Gobierno de la Ciudad está haciendo mucho para combatir las adicciones. Hay muchos organismos en la Ciudad que están trabajando en eso y en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, no hay que convertir esto en un botín mediático”, señaló Maximiliano Sahonero.
La legisladora Victoria Róldán Méndez luego de asegurar que el Gobierno siempre estuvo cerca de los familiares de las víctimas, le recordó al FpV, que ni Ricardo, ni Juan Pablo Schiavi fueron al Congreso cuando ocurrió la tragedia ferroviaria de Once.
Daniel Presti dejó en claro que “hay muchos legisladores que no conocen el funcionamiento del AGC”, en obvia alusión a los cuestionamientos realizados por el FpV. “Hay preguntas de la oposición que sacan a cualquiera de quicio”, señaló.
El diputado porteño, Alejandro García, también cierta falta de memoria del FpV. Al comenzar su discurso ponderó positivamente “este debate enriquecedor” y explicó: “En el oficialismo empezamos por hacer lo que teníamos que hacer, que fue traer a la Legislatura un funcionario que diera las explicaciones (el lunes pasado) y como los diputados pensaron que hacía falta más información se resolvió este pedido de informes”.
A su vez agregó: “Debemos avanzar con este pedido de informes y tener presente que hay una causa judicial en marcha. Y la causa puede avanzar porque lo pueden hacer libremente, porque en este país algunas cosas elementales están cambiando. Que el juez investigue, que el fiscal avance con todas las medidas y nosotros somos los primeros interesados en que la causa avance para determinar responsabilidades”, abundó García.
Y por último señaló: “No llegamos a esta instancia de un repollo; no llegó el narcotráfico a la Argentina el 10 de diciembre de 2015. “Antes había una política funcional al desarrollo del narcotráfico, casi cómplice. Ahora el país ha cambiado, la gente lo ha señalado, está claro que es así”.
Sobre el final del debate, la vicepresidenta primera del cuerpo, Carmen Polledo, pidió la palabra “para aclarar lo que está en boca de muchos”, indicó.
Explicó que la empresa Telemetrix “en 1991 obtuvo la concesión por 30 años de parte de la entonces Administración General de Puertos y que realizó allí importantes obras de infraestructura y que, por contrato alquila el uso de espacios a terceros que llevan adelante distintos emprendimientos comerciales”.
Al mismo tiempo señaló: “En 1993 se conforma el centro de exposiciones de Costa Salguero. Mi marido tiene una participación del 10 por ciento desde hace más de diez años cuando yo ni soñaba con integrar el Pro. Luego el dominio es transferido a la Ciudad y cuando venza la concesión en 2021 todo lo que está en el predio pasará a ser de la Ciudad”.
Polledo sostuvo: “Un pedido de informes es una herramienta institucional importantísima. Con respecto a Costa Salguero mi marido es accionista desde hace más de 10 años y del 10 por ciento y sin perjuicio de ser director de dicha sociedad no percibe honorario alguno y no es concesionario de la Ciudad. El predio está debidamente habilitado hace años y la participación de mi marido es anterior a mi ingreso a la política”.
También salió a Larreta, de quien dijo que “se puso al frente del comité de crisis, visitó a los enfermos, estuvo con las familias, los padres y todos los vínculos de todas las personas accidentadas”.
El Inicio de la sesión
A las 12.20 cuando comenzó, el primero en hacer de la palabra por Time Warp fue el legislador de Autodeterminación y Libertad (AyL), Fernando Vilardo, que criticó al Gobierno por su responsabilidad en la concesión de Costa Salguero y la falta de seguridad en la fiesta.
Luego fue el turno del el legislador de Bien Común (BC), Gustavo Vera, que pidió la creación de una Comisión Investigadora para averiguar lo ocurrido en Time Warp. “La investigación judicial va a descubrir muchas irregularidades”, dijo. Además aseguró que existe una relación promiscua entre el estado y los empresarios de la noche. “Por eso, esto no puede quedar sólo en un pedido de informes”, señaló.
A continuación fue el turno del legislador del FIT, Marcelo Ramal, que aseguró que existió una asociación ilícita entre los organizadores de la fiesta y los vendedores de pastillas, y agregó que hubo una zona liberada. “la co0ncesión de Costa Salguero fue irregular, por eso no vamos a acompañar el pedido de informes porque se trata de una <maniobr4a política para tapar una crisis”, dijo.
Después, habló el legislador del Frente Renovador (FR), Javier Gentilini, que manifestó que el pedido de informes “no va a resolver el problema”, pero va a servir para que el Gobierno porteño de algunas respuestas.
“La ley tiene que alcanzar a todos los responsables de lo que sucedió. Y para que esto no vuelva a suceder hay que combatir el narcotráfico en serio”, señaló Gentilini.
El legislador del partido Socialista Auténtico (PSA), Adrián Camps, apuntó directamente contra el Gobierno de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control. “No estoy de acuerdo con las explicaciones que dio el director ejecutivo de la AGC, Matías Álvarez Dorrego, cuando se presentó en la Legislatura el lunes pasado. Porque creo que el Gobierno adoptó una actitud negacionista y ausente en el tema”, señaló.
Por su parte, el diputado porteño, del FIT, Patricio del Corro, habló de una crisis social y política en la Ciudad. Y mencionó que según el fiscal de la causa, en la fiesta electrónica, se vendían drogas como si fueran choripanes.
El titular del bloque del Partido Socialista (PS), Roy Cortina, manifestó que en este caso no hay que valerse del oportunismo político si no que “hay que buscar a los responsables de lo que sucedió”. Y criticó con dureza a la AGC al acusarla de “ineficacia”. Cortina finalizó pidiendo la renuncia del director ejecutivo de la Agencia, Matías Álvarez Dorrego.Por su parte, la presidenta del bloque de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, señaló: “A la Ciudad le correspondía la habilitación y el control de las condiciones del predio en relación a que se cumpliera la normativa vigente”.
Además, dijo: “El Estado tenía un rol importante de control de las condiciones de habitabilidad y salubridad del predio. Esta función es intrínseca a nuestra condición de Estado y no puede ser delegada en privados. No se puede delegar el poder de policía, ni se puede ejercer por etapas. Tenemos entonces que evaluar el accionar de los funcionarios, de la AGC en relación a los controles en el momento de la tragedia y con posterioridad”.
Al hacer uso de la palabra, la diputada porteña de Confianza Pública, Graciela Ocaña, señaló que “el pedido de informes que se debate refleja las enormes dudas que dejó la presentación del director de la AGC en la Legislatura”. Según Ocaña, el funcionario no pudo explicar si la Ciudad estaba en condiciones de controlar lo que sucedió en la fiesta electrónica. “la percepción que todos tenemos es que el estado no pudo controlar lo que pasó”, finalizó.
Hernán Rossi, habó en nombre del bloque de SUMA+. “Hay elementos para sospechar que el Gobierno porteño falló en su tarea de control. Las primeras respuestas del Poder Ejecutivo no fueron satisfactorias, por esos esperamos que los funcionarios porteños se pongan a disposición de la justicia”.