El panorama ambiental que regía en la Ciudad fue modificado de manera absoluta con la reforma de la Ley N° 1.854, conocida popularmente como Ley de Basura Cero.
La propia gestión modificatoria significó el reconocimiento de un fracaso, ya que la ley exigía que en 2020 ya no se enviaran más residuos sólidos urbanos al centro de enterramiento Norte III, como culminación de un proceso de disminución progresiva en la generación de basura y una aceleración en el trabajo de clasificación y separación de los desechos. La ley proponía como metas parciales que en 2010 se enterrara un 30 por ciento menos de basura que en 2004; que en 2012 la cifra disminuyera hasta el 50 por ciento y que en 2017 se alcanzara el 75 por ciento, un proceso que en 2020 hubiera culminado con el ansiado cero enterramiento.
Nada de esto se hizo tal como lo preveía la ley, que fue aprobada en 2005. Incluso, la base imponible de producción de residuos de 2004 era más sencilla de alcanzar, ya que aún funcionaban los Centros de Disposición Final ubicados en las localidades bonaerenses de González Catán, Ensenada y Villa Domínico. Norte III fue el resultado del colapso de todos esos “complejos ambientales” que gerencia la Coordinadora Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), por lo que por estos días es el único que aún permanece en operaciones.
Quemar, proponía Deep Purple
El punto más polémico de la modificación que propuso el Gobierno porteño no tuvo que ver finalmente con la prórroga de los plazos originales de la ley, que estiró hasta 2030, sino que incluyó entre los objetivos de su política ecológica la incineración de residuos, disfrazada tras el eufemismo de “termovalorización energética”, ya que las usinas que se construyen para quemar basura se utilizan para alimentar turbinas de generación de electricidad.
No existen parámetros para comparar en América latina. Hasta ahora, la única planta de la América hispana que utiliza esta tecnología se está construyendo en la Ciudad de México. Fue presentada el 4 de septiembre de 2017 por el alcalde mexicano Miguel Ángel Mancera, que la bautizó con el nombre de “El Sarape”, y sería puesta en funcionamiento en marzo de 2019. Esta quemaría diariamente 4.500 toneladas, de las 13 mil que produce el Distrito Federal del país azteca. El proceso, según la empresa Veolia, que está construyendo la planta, se inicia en un “patio de recepción”, al que llegan los camiones para ser descargados. Los residuos son transportados por medio de grúas a una tolva, desde donde son conducidos a un “horno de parrilla”, donde se incineran “de manera controlada” a más de mil grados centígrados. El aire de la combustión transita por conductos para intercambiar su calor con agua, lo que genera vapor de alta presión y temperatura y alimenta a una turbina que genera electricidad.
El ciclo concluye en “aerocondensadores”, en los que el vapor se enfría y se condensa en agua, que regresa al horno de parrilla en el que se inicia el proceso. Veolia asegura que este es un ciclo cerrado, sin descargas líquidas, pero existen gases de salida, un procedimiento que alivia la presión. Si esto no ocurriera, el peligro de accidentes sería inminente.
Las cenizas de los materiales incinerados se tratan en otra instalación adyacente y sus operadores aseguran que se pueden utilizar como materiales de construcción. Para que esto fuera posible, sería necesario asegurarse que los residuos enviados a la planta no fueran tóxicos, que es justo el punto por el que renguea el sistema.
En 16 países europeos –Alemania, Suecia, República Checa, Francia Eslovaquia, Italia, Finlandia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Holanda, Dinamarca, Portugal, Reino Unido, Estonia y Eslovenia– se quema basura, pero la iniciativa Zero Waste Europa, que apoyan casi todos esos países, propone para el futuro cercano la eliminación de los desechos residuales y el fin de la incineración y de los vertederos como sistemas de gestión. El objetivo es llegar a la opción “residuo cero”, que pondría fin a la gestión pública de la basura, ya que esta dejaría de existir.
El objetivo de los países europeos –incluso los que utilizan el sistema– es abandonar la incineración en diez años, aproximadamente.
Andrés Nápoli: “Vamos a accionar judicialmente”
El director ejecutivo de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Nápoli, cuestionó: “No sabemos qué tipo de planta se construiría, porque en ese punto los voceros del Gobierno fueron ambiguos. Sería bueno controlar, en principio, qué tipos de residuos se van a cargar en las plantas de tratamiento. Además, en las reuniones de la Comisión de Ambiente, desde el Gobierno se negaron a prohibir la quema de papel y de los reciclables que propusimos, por lo que todo puede ser”.
El ambientalista destacó además los peligros que pesan sobre la gestión de residuos peligrosos, y la comparación que propone es escalofriante. “Entre 2000 y 2017, el Producto Bruto Interno se cuadruplicó, pero la gestión de residuos peligrosos no creció en la misma o parecida proporción. Esto significa que o los tratan como si fueran residuos comunes o los tratan por fuera del sistema. Esta situación se agrava cuando hay crisis económica, porque la disposición de estos residuos es costosa.”
En el mismo sentido, Nápoli advierte que “las emisiones gaseosas que se generan con la incineración, que incluyen las dioxinas, son muy peligrosas porque son cancerígenas. Además, sus efectos son muy persistentes y su tratamiento es caro. Sobre estos puntos, los enviados del Gobierno que concurrieron a la Comisión de Ambiente no dieron precisiones sobre la tecnología que se va a utilizar para la incineración de los residuos. No explicaron nada, en una palabra”.
Para graficar su afirmación, Nápoli relató que el legislador Hernán Reyes (Coalición Cívica), de la alianza gubernamental, reconoció que “el proyecto es una vergüenza” y que “lo salvaron un poco algunas modificaciones” que le hicieron.
Sobre los costos, el titular de la FARN expresó que “construir una de estas plantas –habría seis– cuesta unos 500 millones de dólares y llevaría los costos de generación a 160 dólares el megavatio, mientras que el sistema eólico cuesta 53 dólares”.
La operación del sistema es, para Nápoli, otro problema en ciernes. “El problema va a ser que el empresario de la planta no gestiona residuos, sino que genera energía, lo que se convierte en una alerta. Estas plantas no generan demasiada energía, que no es uno de los problemas argentinos, ya que lo que falla en el sistema eléctrico es la distribución y no la generación.”
Finalmente, en su diálogo con Noticias Urbanas, Nápoli adelantó: “Vamos a accionar judicialmente, junto con las cooperativas de recicladores urbanos y otras organizaciones ambientalistas, porque claramente la solución a los problemas ambientales no es quemar residuos”.
Eduardo Valdés: “Esta ley le da muerte al proceso de reciclado”
El exlegislador porteño Eduardo Valdés no es amigo de los eufemismos. Con respecto a la modificación de la Ley 1.854, reflexionó que “es un curro”. “La Unión Europea ya no promociona la quema de residuos y propone que en un plazo de diez años se deben adoptar métodos alternativos. Como siempre, en la Argentina agarramos los métodos de descarte.”
En 2002, Valdés fue uno de los redactores de la Ley 992, que le dio entidad a los recicladores urbanos. “Esta iniciativa del Gobierno significa un cambio en las políticas públicas, que desde la sanción de la Ley 992 valoriza el reciclado y la reutilización de los residuos.”
“Esta ley da por muerto el proceso de valorización de los residuos que se inició entonces. Además, este es el sistema contrario. Ahora se queman y se destruyen los residuos, precisamente cuando el mundo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) favorecen el mismo sistema que nosotros iniciamos en 2002. Es una locura”, cuestionó el impulsor de la Ley 992.
Como problema principal, Valdés advierte que “existen seis mil puestos de trabajo en peligro si esto se implementa”. “Es gente que tiene un trabajo digno, de la cual dependen otras seis mil personas que trabajan en tareas periféricas a las de los cartoneros.”
Finalmente, para caracterizar los planes futuros del Gobierno porteño, no duda en afirmar que “los gases de las plantas incineradoras son cancerígenos. El plan que tienen es de construir tres plantas, al menos. Dos de ellas estarán en la provincia de Buenos Aires y una va a estar ubicada en Capital. Además, depende de qué tipo de tecnología de incineración adopten, pueden llegar a costar hasta 850 millones de dólares cada una”.
Para cerrar su planteo, Valdés denunció: “Esto es solo un negocio. Es un plan de negocios, no una política pública”.
