La situación del líder camionero Hugo Moytano no tiene vuelta atrás. Y el Gobierno nacional de Mauricio Macri está decidido a avanzar. La posibilidad de que vaya preso cada vez adquiere más fuerza. La diputada nacional Graciela Ocaña (Cambiemos) ampliará este jueves una denuncia contra Moyano, por supuesto desvío de fondos de la obra social del gremio hacia sociedades pertenecientes a su familia, en el marco de una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio.
Además, la legisladora nacional pedirá al juez que “se designe un veedor y/o un interventor judicial en todas las empresas, a los fines de que no puedan obstaculizar la investigación”, según la denuncia a la que accedió Télam.
“Todos los argentinos a través de sus impuestos y el Estado Nacional a través del Presupuesto se ven perjudicados por los ilíicitos cometidos por Moyano”, aseguró Ocaña en la presentación que hará este mediodía en los tribunales federales de Retiro.
Ocaña requerirá además que la Superintendencia de Servicios de Salud, por orden del magistrado, “designe un interventor en la Obra Social de Camioneros”.
La legisladora ampliará la denuncia en una investigación que data del 2006 en relación a supuestas defraudaciones en la obra social de los Camioneros y apuntará a sociedades que se vinculan a Moyano y su familia, “IRAI SA”, “Dixey SA”, “Organización de Seguridad Las Marías SA” y “AConra SA”.
En base a informes de la Inspección General de Justicia y a un reporte de la Unidad de Información Financiera que ya está en la causa, Ocaña entendió que se “pone en evidencia el desvío de fondos pertenecientes a la obra social de camioneros, al sindicato de camioneros y a la mutual, todas ellas administradas por Hugo Moyano en favor de un entramado de sociedades pertenecientes a su familia, con el consecuente perjuicio a los trabajadores del sector”.
