Con críticas de organizaciones civiles, se modificó la video vigilancia

Con críticas de organizaciones civiles, se modificó la video vigilancia

La Legislatura porteña aprobó una modificación a la Ley 5.668 de Sistema Integral de Seguridad Pública.


Los legisladores aprobaron en la sesión de este jueves una modificación a la Ley 5.668 de Sistema Integral de Seguridad Pública, con el objeto de reforzar las disposiciones que garantizan el derecho a la privacidad, intimidad y confidencialidad de las personas frente al uso de las imágenes de video vigilancia.

La normativa sobre seguridad en la Ciudad ya tiene un título destinado a reglamentar el uso de esa metodología de seguimiento y control preventivo y también están estipuladas las garantías de confidencialidad, brindándole a todos los ciudadanos la seguridad jurídica sobre las circunstancias en las que se utilizarán informaciones que tienen que ver con su identidad personal, como lo son los datos biométricos.

Ahora se consignó la prohibición de incorporar datos biométricos, imágenes y/o registros de aquellas personas que no cuenten con una orden de restricción de libertad en el Registro de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas.

También queda vedado modificar o editar las imágenes y se estipula que ningún material audiovisual -que pudiera afectar la intimidad de los ciudadanos- sea difundido por televisión u otros medios.

Con el objetivo de garantizar un adecuado control institucional del uso de sistemas de video, se crea una Comisión de Seguimiento del Sistema de Video Vigilancia de la Seguridad Pública y se da participación e intervención como contralor a la Defensoría del Pueblo.

La iniciativa original fue de Claudia Neira (FdT) y otros miembros de su bancada y el tema fue tratado en la Comisión de Seguridad, que preside Claudio Cingolani (VJ), quien hizo de miembro informante en el debate parlamentario. No obstante, Neira informó en el debate que su bancada iba a votar negativamente alegando que eran necesarios nuevos consensos on más sectores de la comunidad.

El proyecto se convirtió en ley con 39 votos positivos de VJ, PS, Gen y UCR y 19 negativos de FdT e izquierdas.

Antes de la votación, organizaciones civiles como Amnistía Internacional, el CELS, la Asociación por los Derechos Civiles y la Fundación Vía Libre publicaron un documento en el que instaron a los diputados de la Ciudad a rechazar la iniciativa por considerar que convalida la «imposición unilateral» del sistema de vigilancia puesto en marcha por el Ejecutivo porteño el año pasado.

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