Pareciera que en la Ciudad de Buenos Aires nos hemos acostumbrado a que haya constantes derrumbes en obras de construcción. La secuencia es siempre la misma: se produce un derrumbe, pasamos incertidumbre sobre la suerte de personas involucradas hasta que nos enteramos finalmente si hubo víctimas o no, el Gobierno de la Ciudad sale presuroso a anunciar la gran cantidad de inspecciones que se realizaron (y que evidentemente no lograron prevenir nada), y luego la foto felicitando al personal del SAME por una tarea que no deberían haber tenido que hacer.
Los datos que ha hecho públicos la UOCRA nos hablan de casi 40 derrumbes desde que Mauricio Macri se hizo cargo del Gobierno de la Ciudad. Se han perdido vidas, viviendas y efectos personales.
Acostumbrarnos a la tragedia es lo peor que podemos hacer. Tenemos que hacernos cargo del problema y que no vuelva a repetirse.
No se trata simplemente de cargar la responsabilidad sobre un gobernante, o intentaar desligarlo hablando de la responsabilidad de los empresarios. La construcción es una actividad necesaria, pero más necesaria aún es llevarla adelante en condiciones de seguridad. Los empresarios deben hacer su parte, pero un Estado presente debe velar porque las obras que se construyen en la Ciudad no pongan más en riesgo la vida de nadie.
Resulta llamativo, tras cada derrumbe, que el Gobierno de la Ciudad informe respecto de la cantidad de inspecciones que se realizaron previamente. Si en efecto esas inspecciones se llevan a cabo es evidente que algo está fallando, y ante la evidencia de que el sistema no funciona no podemos quedarnos cruzados de brazos y quejarnos de lo mal que trabajan algunas empresas.
Durante mi tarea como legislador me ocupé del tema. Aproximadamente un año atrás, se aprobó una ley de mi autoría (ley 4580) que incorpora técnicas nuevas a la normativa vigente en materia de excavación y submuración, permitiendo así su utilización legal y entregando herramientas al Gobierno de la Ciudad para que este cumpla con su rol de controlar exhaustivamente uno de los momentos más críticos de la obra. Desde el Frente para la Victoria estuvimos y estamos siempre dispuestos a trabajar en la actualización de las normas que regulan la actividad.
Pero con la normativa no alcanza. La clave central está en la gestión, que debe encargarse de prevenir, y nos preocupa que la gestión siga sin poder dar cuenta del serio problema en que estamos. Nos alarma que recientemente Macri haya decido prescindir de 600 peritos verificadores de obras y que la Agencia Gubernamental de Control esté llamando a concurso para tan sólo 20 cargos, algunos de los cuales se encargarán de otro tipo de fiscalización.
Es cierto que los peritos verificadores, al no ser formalmente empleados de la Ciudad, carecían de poder de policía, pero esto es algo que tras seis años y medio de gestión se podría haber solucionado de otra forma. Es más que evidente que producir una merma muy importante en la cantidad de inspectores no puede ser la solución.
La alternativa debió haber sido darles más y mejores herramientas, aumentar los controles incluso sobre los propios inspectores, poner a disposición de cualquier vecino, de las organizaciones sindicales y de cualquier interesado la información sobre las obras, y hacerlo de forma sencilla a través de las herramientas que hoy permite la tecnología.
La respuesta frente a un Estado ausente no puede ser un Estado aún más ausente. Si existe un área de Gobierno que funciona deficientemente, no podemos eliminarla de un plumazo. En lugar de buscar excusas, tenemos que hacer todo a nuestro alcance para mejorar la gestión allí donde los ciudadanos esperan una mejor respuesta.