El regreso a la presencialidad en las escuelas para este ciclo lectivo 2021 es ansiado por todos, familias, docentes y estudiantes. Esto es aún más sentido cuando venimos de un año entero donde la presencialidad no fue posible, aunque con gran esfuerzo, docentes y estudiantes mantuvieran contacto en forma virtual y dieron clases, creativamente, buscaron diversas formas de enseñar y de sostener la educación. Ha quedado demostrado, sin embargo, que el “homeshoolling”, la educación con plataformas prediseñadas, la educación a distancia, no garantizan la socialización y la subjetivación de las nuevas generaciones. Los pronósticos de la desaparición de la escuela como territorio de la educación promovidos por las empresas de servicios educativos, las fundaciones funcionales a las mismos y los gobiernos privatistas, cayeron. El contacto entre pares, la interacción en el acto pedagógico con un adulto y en grupos, se ha demostrado vital. Pero, ¿por qué oficialismo y oposición, empresarios, medios de prensa y los mismos que defendieron la virtualización de la educación mucho antes de la pandemia, hoy son los adalides del regreso a la presencialidad, sin dar cuenta de la realidad epidemiológica?
Es innegable que el encierro al que se vieron sometidos nuestros niñes y adolescentes, ha sido un factor negativo para su desarrollo, y que hubiera sido mejor no tener que pasar por esta experiencia. Esto ha sido aún más penoso para quienes no tuvieron acceso a conectividad ni a dispositivos personales para realizar su tarea. Pero un principio de quienes intervienen en protocolos en salud es medir la relación costo-beneficio a la hora de decidir qué camino adoptar. Los índices de contagios y muertes de nuestra infancia y adolescencia han sido relativamente bajos en 2020, y podemos suponer que el aislamiento contribuyó a ese resultado. Por eso tenemos que medir qué condiciones existen para un regreso seguro a la presencialidad en las aulas, lejos de la irresponsable disputa electoral que parece haberse desatado en los medios en los últimos días entre oficialismo y oposición. Tanto el gobierno de la Ciudad de Bs As como el de la nación y de las diferentes provincias han anunciado el regreso a la presencialidad sin dar seguridad sobre la situación epidemiológica ni informes sobre las garantías de seguridad en materia de higiene, distancia y ventilación en las escuelas o del transporte público. Los anuncios parecen slogans publicitarios que desligan la responsabilidad en los directores de escuela a la hora de la implementación concreta de esta propuesta. En realidad, tanto unos como otros, se están desdiciendo de las alertas que tomaron en 2020 y preparan un regreso irresponsable. Veamos.
¿Hay condiciones epidemiológicas para la presencialidad?
En octubre 2020 el ministro Trotta, y los ministros de educación de todas las jurisdicciones, en el marco del Consejo Federal de educación, acordaron la Resolución 370 estableciendo un protocolo de regreso escalonado a las aulas en función de 3 indicadores: la trasmisión del virus, la razón entre los casos nuevos en las últimas dos semanas y los que había en las dos anteriores y el porcentaje de camas de terapia intensiva ocupadas. Para la existencia de trasmisión comunitaria sostenida, razón de 1,2 para el crecimiento y 80% de camas ocupadas, debería concluirse que no se debe volver a la presencialidad para la gran mayoría de las provincias y ciudades. Si bien este segundo brote aun no ha colmado las camas de terapia intensiva, los otros dos indicadores ya indicarían que no se puede hablar de un regreso generalizado a la presencialidad.
Otro argumento que se ha dado es el sostenido por la Sociedad Argentina de Pediatría como referencia científica de la necesidad del regreso a clases presenciales. Sin embargo, el documento publicado por esta asociación considera con precisión otro indicador: por encima de 200 casos cada 100.000 en los últimos 14 días no se debe volver a la presencialidad escolar. El reciente decreto presidencial que extendió
la DISPO al 28 de febrero es más estricto aun: baja el indicador de incidencia a 150 casos cada 100.000 habitantes en el acumulado de los últimos 14 días para señalar situación de peligro y restricción de medidas. Pero al mismo tiempo, en una casi manifestación de esquizofrenia política y sanitaria, dice que promueve la presencialidad en las escuelas para marzo de este año o la fecha que indique cada jurisdicción, lo que es una aprobación directa al gobierno del PRO de CaBA.
Según las cifras oficiales del ministerio de salud de la ciudad, la incidencia en CaBA osciló entre 300 y 250 casos en el mes de enero y más de 170 para el AMBA. Categóricamente, no están dadas las condiciones epidemiológicas para el regreso a la presencialidad en forma masiva en todo el país. ¿Por qué oficialismo y oposición niegan estos datos?
¿Están preparadas las condiciones sanitarias de las escuelas? ¿Por qué en Europa hay clases?
La Resolución 370 establece que debe guardarse una distancia mínima de 1,5 metros, esto supone calcular 4 m2 por persona más buena ventilación. En muchos casos se mencionan clases en otros países, pero se trata de aulas de no más de 15 o 20, con docentes con no más de 20 hs frente a curso, en un solo establecimiento escolar, y en la mayoría de los casos sin desplazamiento en transporte público pues hay escuelas más diseminadas. Eso no tiene nada que ver con nuestra realidad. Nuestro país arrastra hacinamiento con grados más de 35 alumnos, aulas más reducidas que la de países europeos, por lo que no podría pensarse en una presencialidad simultánea del 100% como sostienen los diferentes gobiernos. La ventilación suele ser escasa o nula ya que algunas aulas dan a patios interiores. Los baños son insuficientes. No siempre la escuela está en el barrio o cerca de donde viven les niñes o estudiantes sino que se debe viajar en colectivos atestados. Los docentes tienen dos y tres turnos, a veces rotando en hasta 6 establecimientos. El personal de limpieza no alcanza para la higiene que se requiere.
La “burbuja es el aula” de la Sra. Ministra de CaBA, Acuña, en caso de llevarse adelante, significará algo más que un acto de mal desempeño como funcionaria pública. Será un acto irresponsable con graves consecuencias para la salud de la población, no sólo escolar, de la ciudad y del AMBA. El anuncio de provincia de Bs As habla de una bimodalidad para no superar los 15 estudiantes por aula, pero no menciona que hacer con el resto de los alumnos ya que no se propone nombramientos de nuevos docentes ni de personal de limpieza, ni con el problema del transporte escolar.
Solo por mencionar el de CaBA representa el 17,8% del presupuesto total, lo que lo ubica en el porcentaje más bajo de los últimos 10 años, cuando era del 27%. Se reajusta 24,82%, casi 5 puntos por debajo de la inflación prevista oficialmente para el 2021. En cambio, los subsidios a la educación privada ascienden a 18.051 millones, un aumento del 26,65%. Para que comprendamos la magnitud de este despilfarro privatista: es casi equivalente al presupuesto municipal de la Matanza, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Más grave aún es lo decidido para infraestructura escolar. En una ciudad donde la falta casi crónica de entre 15 y 20.000 vacantes requiere la urgente construcción de escuelas, el presupuesto previsto desciende 62,84%. Era de 3.308 millones y baja a 1.140 millones, sin contar la inflación. Al finalizar el tercer trimestre solo se había ejecutado el 21% del presupuesto previsto para la construcción de escuelas y 47% del que corresponde a mantenimiento de escuelas. Hablamos de la ciudad más rica del país. El estado de las escuelas en el resto de las provincias y la desinversión es aun más grave. Los diferentes gobiernos provinciales y el nacional tuvieron un año para acondicionar las escuelas a un retorno seguro y lamentablemente no lo hicieron.
¿Qué ocurre con les trabajadores de la educación?
Acostumbrados ya al maltrato, sin embargo, no terminan de sorprenderse de la ignorancia con que algunos funcionarios se refieren a su labor, apoyados por una andanada de trolls pagados por los mismos gobiernos. La docencia hubo de trabajar en forma virtual con una parte de sus alumnos, ya que el 52% no posee dispositivos exclusivos para su uso educativo, ni la velocidad de conectividad que le permita seguir las clases sincrónicas. Esto está reconocido en el informe del propio gobierno titulado a las aulas, donde figura, además, que un millón de estudiantes quedó por fuera del sistema educativo y que solo el 30% de la docencia cuenta con dispositivos para su uso exclusivo con fines educativos. La falta de datos para una conectividad sincrónica hizo que el contacto fuera mayoritariamente por whatsapp y aun por fuera de sus horarios de trabajo. “No podía decirle a mis alumnes que recién contaban con un celular cuando el padre regresaba de su trabajo, que no era mi horario. Trabajé hasta altas horas de la noche, y más que nunca pues cada trabajo era una foto digital que había que bajar, corregir y volver a subir a la web, horas…” relata una docente de las sierras de Córdoba.
El documento reconoce que la mayoría de la docencia no usó las plataformas prediseñadas por empresas privadas o ministerios. Esto fue así porque la docencia puso en juego su propia creatividad pensando en cual era el vínculo más contextualizado a su grupo escolar, aun cuando eso supuso más trabajo.
Pero para tanto esfuerzo, no hubo recompensas. Muchas provincias ahorraron presupuesto para no nombrar suplentes de los cargos que quedaban vacantes por jubilaciones o licencias. Miles de docentes en todo el país no tuvieron salario ni obra social, a pesar de estar en el sistema desde hace años. Así un sistema laboral que es históricamente injusto ya que mantiene sin estabilidad por años a quienes forman parte de la planta no titular, fue más injusto que nunca. Otro aspecto fue el salarial. Los salarios se reajustaron por debajo de la inflación que fue del 36.1%. A fines de diciembre, sin contar la masa salarial perdida durante el año, el salario inicial docente se estableció en 27.500$, por debajo de la línea de pobreza. A esta penosa realidad se suma otra más dolorosa, la de los docentes de Chubut que llevan 3 meses de atraso en el pago de sus salarios y dos aguinaldos sin cobrar.
¿Y con las vacunas qué sucede?
El plan del gobierno era contar con 5 millones de dosis de vacunas en enero, y vacunar, entre otros, prioritariamente a la docencia para iniciar el ciclo lectivo 2021. Pero fracasó. Solo se vacunaron 290.000 personas con una dosis y 50.000 con las dos. Los laboratorios no están cumpliendo sus compromisos de entrega en casi ninguna parte del mundo y se habla de que nuestro país, eventualmente, podría vacunar a su población en 2022. La nueva cepa, además de más contagiosa, ha afectado a más menores de edad que en la primera ola en el mundo, lo que ha provocado el cierre de escuelas en gran parte de los países más ricos en recursos como Alemania. Esta calamidad tiene una sola explicación y es el mantenimiento del secreto de las patentes por parte de los laboratorios y la falta de un trabajo colaborativo para una solución planetaria y urgente a la pandemia. La exigencia de suspensión de las patentes de los laboratorios privados durante la pandemia y el llamado a que el gobierno ponga bajo control del estado y de sus trabajadores a los laboratorios del país para la producción masiva y gratuita de vacunas, es urgente.
Familias se suman a docentes y sindicatos en el reclamo por un ciclo lectivo seguro
Diferentes sindicatos docentes, entre ellos Ademys, los SuTebas multicolores, han presentado reclamos por condiciones seguras para el retorno a la presencialidad y convocan a asambleas de escuelas y distritos para decidir. La conducción de CTERA, y de la mayoría de los sindicatos provinciales, afines al gobierno nacional, han presentado reclamos difusos, no categóricos. A su vez, no llaman a hacer asambleas para que la docencia decida un plan de acción unitario para lograr imponerlos. Al calor de los debates en medio del verano, se organizaron grupos familias como “Familias por un regreso seguro” de CaBA que han presentado requerimientos para un regreso seguro como los aquí enunciados.
Es necesaria la unidad de docentes, estudiantes y familias para coordinar la lucha por un regreso seguro a la presencialidad, no improvisado ni irresponsable. Es evidente que para garantizarlo el gobierno de Fernández y los gobernadores del FdT y JxC deben destinar un presupuesto extraordinario para brindar seguridad sanitaria, aumento salarial, más personal docente, no docente, insumos y conectividad para estudiantes y docentes.
En tanto no estén dadas las condiciones epidemiológicas y sanitarias de cada escuela, se debe exigir la conectividad gratuita, con velocidad adecuada para permitir clases sincrónicas, y dispositivos para docentes y estudiantes que no los posean. Al mismo tiempo, los gobiernos, nacional y de las diferentes jurisdicciones, y los empresarios tienen que otorgar la licencia de los familiares a cargo de les niñes menores de edad y del personal de riesgo.
*Laura Marrone
Ex legisladora de CaBA por FITU-Izquierda Socialista