Como si no fuesen suficientes las distintas medidas de ajuste que viene llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri, en estos días se redobló la apuesta poniendo en la mira nuevamente a los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El polémico recorte por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a cargo de Carolina Stanley, en materia de pensiones no contributivas por invalidez o discapacidad, no se trató más que del intento de quitar otro derecho que afecta también a un número significativo de adultos mayores que forman parte de esa población y que se están viendo afectados por distintas políticas que perjudican su economía y su salud. El repudio social que tuvo esta medida obligó al gobierno a dar marcha atrás, encontrándonos nuevamente con el mecanismo del “si pasa, pasa” tan utilizado por este gobierno en todas las medidas que afectan los intereses de los sectores más necesitados en este caso el de los discapacitados y jubilados y pensionados.
Siguiendo con la presión a los sectores más desprotegidos como el de los jubilados y pensionados ayer el gobierno nacional anuncio que revisaran las pensiones por viudez poniendo en vilo a todos los adultos mayores, como si no tuvieran de que preocuparse.
En el año 2008 la Argentina adhirió a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU la base de esta convención es “el estado debe garantizar a una persona con discapacidad el derecho a vivir de forma independiente y ser incluido en igualdad de condiciones que los demás” esto supone no quitarle su pensión de forma sorpresiva y sin causa justificada.
Esta decisión seguramente provocara amparos judiciales de los damnificados y juicios innecesarios sobre el estado.
Pero los ataques a la tercera edad, ya se iniciaron e hicieron efectivos desde comienzos de 2017 con el anuncio del recorte en la cobertura total de medicamentos ambulatorios gratuitos por parte de PAMI, medida que afecta notablemente la calidad de vida los jubilados y pensionados que cobren más de 8.500$, cuenten más de una propiedad a su nombre, tengan un auto de menos de 10 años de antigüedad o cuenten con una prepaga, como si se tratase de situaciones de “privilegios”.
Se liberan los requisitos para un blanqueo y se endurecen para obtener derechos sociales, son definiciones de un gobierno sin alma. Son criterios que no contemplan la verdadera necesidad de quienes requieren de ese beneficio por no poder solventar ese gasto. Esta medida ha sido justificada como un intento de revertir una supuesta “defraudación al PAMI” por parte de quienes tienen altos ingresos, sin embargo damnifica a miles de personas que apenas logran acceder a recursos y servicios básicos.
Como señala el InformeFSS Nº 12[1], PAMI ha modificado además, mediante la resolución 395/2017, el modelo prestacional de pago por prestación a un sistema de pago por cápita para los servicios básicos lo que conlleva a que “…los montos fijados por el organismo para la cápita están, en muchos casos, por debajo de los costos que los proveedores tienen que afrontar para garantizar la prestación. De esta forma se estimula una disminución de los prestadores disponibles y de los servicios que brindan”, impactando fuertemente la calidad y el acceso a la salud de los jubilados.
Entre otras de las medidas, se modificó también el circuito de autorización de medicamentos para enfermedades crónicas como el VIH, cáncer, hemofilia, trasplantes, etc. Las autorizaciones dejarán de realizarse en las 12.000 farmacias de todo el país para llevarse a cabo únicamente en alguna de las 38 Unidades de Gestión Local de PAMI distribuidas en la nación. Una disposición más que obstaculiza el rápido acceso a remedios de primera necesidad.
Por otro lado, la tan anunciada y celebrada ley de reparación histórica a jubilados y pensionados por parte del gobierno, se convirtió en un nuevo fraude moral a los jubilados que creyeron tener una medida que reconociera el trabajo y los aportes de toda su vida. La propuesta de aceptación voluntaria que propone el derecho de los jubilados y pensionados que se encuentran en proceso judicial contra la ANSES, a actualizar sus haberes significó apenas un pequeño porcentaje de aceptación, puesto que se trata de un irrisorio monto como reajuste que dista radicalmente del verdaderamente correspondido vía judicial. Con este ofrecimiento de acuerdos a la baja no sólo no han logrado uno de los objetivos primordiales de la ley: disminuir la cantidad de juicios, sino que por el contrario han aumentado. No han reparado sino estafado.
Todas estas medidas: el recorte en las políticas públicas de acceso a medicamentos y al servicio de salud, la mencionada estafa de la reparación histórica a jubilados y pensionados, junto con la quita de derechos como la pensión por invalidez o discapacidad vulnera y pone en riesgo la calidad de vida de los adultos mayores, en todos sus aspectos, principalmente en la salud y economía, pero viéndose afectados éstos: ¿qué lugar queda para la recreación y el esparcimiento si las necesidades básicas no pueden estar satisfechas?
No son suficientes las “vías de excepción” que propone el gobierno para reparar los daños de estas medidas discrecionales y generalizadas que no evalúan ni consideran las situaciones particulares, puesto que ponen una vez más en situación de vulnerabilidad a quien no puede esperar el derrotero burocrático y engorroso que implica el pedido para revertir la injusticia cometida.
El 19 de noviembre de 2013 durante la Misa del Día, el Papa Francisco dirigió sus pensamientos sobre el respeto por los ancianos y adultos mayores que viven en el mundo. La herencia, el respeto y la vida actual de los ancianos fue el tema de su homilía. Nos decía: “Un pueblo que “no respeta a los abuelos” carece de memoria y por lo tanto de futuro”.
Un gobierno que de la noche a la mañana endeuda con un bono a nuestra nación por el termino de 100 años si importarle el presente y menos el futuro podemos esperar cualquier medida injusta que siga perjudicando a los que mas sufren en nuestro país, realizar un supuesto reacomodamiento económico recortando políticas públicas que defienden los derechos de la tercera edad resulta a simple vista desproporcionado. Los adultos mayores no pueden ser el blanco de un gobierno que tiene como principal objetivo reducir el déficit fiscal, no pueden ni deben ser consideradas un “gasto público”. Está en juego nada más ni nada menos que su dignidad.
[1] Fundación Soberanía Sanitaria www.soberaniasanitaria.org.ar