El traspaso de la policía federal a la Ciudad de Buenos Aires es sin duda uno de los avances más importantes en la autonomía de nuestra Ciudad. Por este motivo, su tratamiento legislativo y la capacidad de pensar qué modelo de policía queremos deben ser abordados teniendo en cuenta el carácter fundante y la sensibilidad de esta materia.
También es necesaria una acertada caracterización de la fuerza que la Ciudad está recibiendo para no caer en la falsa epopeya de los “perpetuos nuevos comienzos” sobre la base de políticas ya desarrolladas. Debemos profundizar en las cuestiones pendientes de transformación. Es frecuente escuchar en el proceso de traspaso de la policía que hay que capacitar a la policía, que hay que invertir en tecnología, que hay que fomentar la participación ciudadana, propiciar las denuncias, como si nada anteriormente se hubiese hecho. Y no se trata de un discurso melancólico, sino del reconocimiento de los cambios y procesos históricos que dan lugar, en este caso, a la actual configuración de la Policía Federal.
Nuestra Ciudad cumplió recientemente 20 años de la sanción de su constitución y 8 años desde la creación de la Policía Metropolitana. Estos dos procesos se gestaron sobre la base de consensos amplios y desarrollaron instituciones innovadoras y modernas recogiendo las mejores tradiciones del pensamiento progresista. No obstante, su implementación dejó mucho que desear, pues la ejecución resultó contradictoria con los principios que se habían sancionado. Así fue como la fuerza pensada como modelo de seguridad democrática pasó a ser “la Metropolitana del Fino Palacios”, con autogobierno, espías y tradición de violencia institucional incluidos.
Hasta hace pocas semanas, momento en el que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura su proyecto de ley y lanzó una pantomima de “nueva fuerza” con helicóptero ploteado incluido, el proceso de traspaso había estado blindado bajo 7 llaves, sin ningún tipo de acceso a la información, incluso para los legisladores a quienes se nos planteó en el mes de enero la aprobación de un convenio amplio que no ofrecía precisiones.
Saludamos la apertura de un debate legislativo y esperamos en esta instancia consensuar un modelo de seguridad y de Policía acorde a las características del distrito. Desde el Frente para la victoria somos la única fuerza que presentamos un proyecto alternativo de policía de la Ciudad. Este proyecto, avalado por el CELS, sostiene y profundiza los trazos rectores de Ley de Seguridad Pública de la Ciudad sancionada en el 2008, a la vez que busca abordar otros puntos necesarios a la hora de diseñar las características de la nueva fuerza que tenemos la oportunidad de crear. Es necesario no distraer la mirada de las cuestiones de fondo y capitalizar la experiencia acumulada por especialistas y gestores en la materia para prevenir el constante ensayo y error al cual nos somete la Alianza Cambiemos en sus reiteradas gestiones. Fundamentalmente, desde nuestro espacio político buscamos reforzar el principio de conducción civil de la fuerza fortaleciendo el rol de la cartera encargada de los asuntos de la Seguridad Pública en desmedro del papel protagónico que históricamente ha ocupado la Jefatura Policial en la organización y gobierno de la fuerza. Desde la creación del Ministerio de Seguridad de Nación en 2010, el gobierno político se cristalizó en el desarrollo de políticas de administración y régimen del personal, en la producción y análisis de información sobre el delito, en la administración, planificación y control sobre el desempeño operacional de las fuerzas federales, de la definición de las políticas de prevención y del establecimiento de los canales de diálogo con la comunidad.
Consideramos que la estructura de la nueva fuerza debe estar orientada en fortalecer la formación, capacitación, especialización y profesionalización de los y las policías. En esta línea, consideramos fundamental la dedicación exclusiva, eliminando la posibilidad de prestar servicios adicionales.
Creemos que esta propuesta debe estar acompañada de una política salarial que permita que los agentes no deban prestar servicios por fuera de su horario de trabajo. Desde esta mirada del policía como un trabajador proponemos también la creación de la figura del defensor de la policía a fin de asegurar a los efectivos un mecanismo que permita garantizar la promoción de los derechos del personal, entre otros, los de igualdad de género.
También eliminamos el estado policial, una figura históricamente vinculada al sesgo militarista de las fuerzas de seguridad. Es necesario impulsar una profunda transformación socio-cultural sobre el rol de la policía para corregir una concepción errónea sobre el uso de la fuerza. A tal fin, nuestra propuesta prevé, taxativamente, el “cese de intervención por parte de los agentes fuera de su horario de servicio” y, a su vez, establece una serie de lineamientos sobre el uso de armas de fuego Restringiendo la utilización del armamento, provisto u homologado por la Institución, únicamente durante la prestación del servicio en caso de que la tarea así lo requiera. Las estadísticas indican que la mayor cantidad de casos de gatillo fácil y de policías muertos en ejercicio de sus deberes se da fuera de su horario laboral.
Por otro lado, y teniendo en cuenta el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que habilitó a la policía a solicitar DNI sin motivos, tomamos la previsión de protocolizar las facultades de detención, estableciendo una prolongación máxima de cuatro horas y otras prerrogativas a modo de asegurar la plena vigencia de los derechos de los detenidos. La policía profesionalizada que pretendemos no debe ser nunca un mecanismo de control poblacional. En el mismo sentido, y frente al rebrote represivo que ejerce el actual gobierno, incorporamos en nuestro proyecto de ley algunos aspectos relativos a la intervención de la policía en las manifestaciones públicas, como ser la prohibición de cargar armas de fuego, obligar la identificación de los agentes y limitar el uso de las balas de goma a casos estrictamente defensivos ante peligro inminente para la integridad física de los involucrados.
En conclusión, nuestra propuesta tiene como objetivo fundar una fuerza policial en la Ciudad anclada en el paradigma de la seguridad democrática, con conducción civil, profesionalizada y eficiente en la prevención, conjuración e investigación de los delitos, con policías que gocen de amplios derechos laborales y salariales. De esta forma entendemos estar contribuyendo a una sociedad con mayor integración, menor violencia y consagrando el derecho a la seguridad para todos y todas los habitantes de nuestra ciudad.