Todos los días vemos miles de niños y niñas realizando todo tipo de actividades en la calle con el objeto de obtener algún dinero. Ellos no son conscientes de que están trabajando, porque las actividades que ejecutan carecen de la estructura y la frecuencia de un trabajo formal. Incluso, quienes lo incitan u obligan a salir a la calle en busca de una moneda, ya sean los padres o alguna organización clandestina, desechan la posibilidad de que esa ingrata tarea pueda ser tomada por las autoridades como una materialización del trabajo infantil. Por lo tanto, vender mercancías, abrir la puerta de los autos, ensayar algún número artístico o simplemente mendigar, resultan exposiciones que parecieran no dañar la integridad moral de los infantes.
Avasallados por la pobreza y la exclusión social, ellos se esfuerzan por seducir a transeúntes, pasajeros de trenes y automovilistas en el intento de recoger una moneda más. Mientras tanto, la sociedad expande la caridad como un testimonio de resignada comprensión, como si nada se pudiera hacer para cambiar el destino de los mismos.
Desde 1996 existe en la Argentina la ley 24.650, que protege a todos los niños y adolescentes menores de 18 años de realizar trabajos que atenten contra su salud, su seguridad o su moralidad. No obstante a ello, los ejemplos de trabajo infantil encubierto crecen en todos los rincones de la Ciudad y, obviamente, atañe a los sectores sociales más desprotegidos.
Lo inverosímil es que este flagelo social sea incentivado –y se legitime- desde el propio Gobierno de la Ciudad. Tal es el caso de los niños cartoneros, que se han transformado en parte del numeroso grupo de recuperadores urbanos que en los últimos años clasifican la basura depositada en las aceras porteñas.
Más allá de analizar razones y justificaciones que devienen de la preocupación gubernamental por superar una grave crisis económica y social que prácticamente paralizó al país, el deber del Estado no es contribuir a la expansión del flagelo, sino por lo contrario, atacarlo desde su propia raíz. Es decir, su obligación primordial es controlar que los niños y niñas no realicen una actividad que los pone de frente al peligro y la humillación, sino que esos niños ocupen el tiempo en educarse o en adquirir conocimientos y destrezas que ayuden al fortalecimiento moral de toda la familia.
La reciente sentencia que condena al GCBA a “…disponer la caducidad inmediata de todas las credenciales que hubieran sido entregadas a los menores de edad que no hubieran cumplido los 15 años, debiendo dar de baja a las mismas del Registro Unico de Recuperadores Urbanos…” es una muestra elocuente de la aberración jurídica que el Gobierno de Anibal Ibarra mantiene en la Ciudad. A la vez, intenta advertir a la ciudadanía sobre un acto grave de exclusión social. No porque se ignore la realidad que vivimos, sino porque desde el Estado se debe combatir a la exclusión con armas constitucionales.
A veces un gobierno, por intentar hacer lo que puede, hace lo que no debe. Seguramente el Jefe de Gobierno sabrá esgrimir excusas sociales y políticas para contrarrestar semejante torpeza jurídica. Pero mientras enfatiza el riesgo cero en el sistema de enseñanza, otra esfera gubernamental fomenta la presencia de niños y niñas en la calle para realizar actividades que erosionan los objetivos de la educación pública.