El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, me encomendó la realización de un estudio de las leyes secretas vigentes, que sirva de base para que los diputados determinen la viabilidad de la publicación de estas normas. En función de esta evaluación, me permito estas reflexiones.
La discusión sobre los gastos reservados posibilitados por algunas de aquellas normas impidió que hasta el momento se produjera un debate serio respecto a este tipo de legislación. Todavía se está a tiempo de proponer un enfoque sobre este tema que sea riguroso tanto en términos legales, como políticos.
Luego de analizar pormenorizadamente cada una de las casi 100 leyes secretas que rigen actualmente, no tengo dudas de que la mayor parte de ellas son publicables; a excepción de un pequeño grupo directamente relacionadas con cuestiones estratégicas de seguridad.
Levantar el secreto de estas normas es legislativamente posible pero, sobre todo, institucionalmente imprescindible. Darlas a publicidad ayuda a consolidar la reconstrucción de la legitimidad que en los últimos tiempos perdió el sistema político. Si el Congreso vota la necesidad de publicar estas leyes, confirmará la vocación de transparentar la gestión de la cosa pública.
En este sentido, la Ley "S" 18.503 es la que más sospechas genera, debido a que es la que crea la figura de los fondos reservados. Su difusión es necesaria ya que permitirá a la sociedad ver cuáles son los organismos que disponen de estos fondos.
Desde la recuperación de la democracia en 1983, el Congreso de la Nación no sancionó ninguna ley secreta; lo que sí hubo fueron decretos reservados emitidos por el Ejecutivo, que están siendo estudiados por la Justicia. Las leyes, generadas entre 1891 y 1983, son en su mayoría decretos-ley diseñados a lo largo de las diferentes dictaduras militares que sufrió la Argentina. En consecuencia, es políticamente necesario dar a publicidad un grupo de normas que fueron pergeñadas bajo el influjo de la nefasta doctrina de seguridad nacional y de espaldas a la sociedad.
En lo que hace al aspecto estrictamente legislativo, para dar a publicidad estas normas secretas es necesaria una ley que establezca que pasan a ser de conocimiento público. Nada más. Es simple y, a la vez, un paso importantísimo que debemos dar.
(*)Rollano es secretario administrativo de la Ciudad de Buenos Aires