El 2001 como crisis de la democracia condicionada

El 2001 como crisis de la democracia condicionada

"La carencia de un programa popular coherente, y de sectores articulados para generar una alternativa, provocaron el vacío de poder y la sensación de caos de diciembre de 2001. La defección de los grandes partidos populares de la defensa de los intereses sociales perjudicados por el capitalismo prebendario hegemonizado por los sectores financieros, estaba en la base de la bronca colectiva contra la política"


A cinco años de las jornadas de diciembre de 2001 parece oportuno reflexionar en torno a sus causas, sus significados, y sus consecuencias para nuestro presente. Esa crisis constituyó un acontecimiento revelador del tramado estructural del sistema político argentino, de su historia, de sus límites y condiciones de funcionamiento, de las huellas que las relaciones de fuerzas entre los diversos sectores de nuestra sociedad plasmaron en sus diferentes configuraciones.
Si bien la crisis de 2001 se presenta como un recuerdo lejano en el sentido de su aparente superación, sobre todo por el contraste con la estabilidad política y económica alcanzada sólo un quinquenio después, su proximidad resulta insoslayable por sus consecuencias para el mundo político, el funcionamiento de la economía y la estructuración de la sociedad y la configuración de los imaginarios sociales.
El país que entró en crisis. Interpretar la crisis de 2001 en perspectiva histórica requiere considerarla como la consecuencia de la "Argentina Imposible" legada por el Proceso militar, y continuada por un modelo de democracia limitada a partir de 1983. El accionar de la dictadura y las condiciones de su retiro generaron un triple condicionamiento del sistema político, limitado para hacer justicia respecto del terrorismo de Estado, impotente para sujetar al poder económico a la institucionalidad y a reglas de juego estables, y finalmente, incapacitado para operar soberanamente sobre la economía por el salvaje endeudamiento externo. Tales limitaciones se agravaron en el curso de los veintitrés años que median entre el estallido de diciembre de 2001 y las esperanzas de diciembre de 1983 y se expresaron en el deterioro constante de la calidad de vida de los sectores populares, con aumentos dramáticos de los índices de la pobreza y el desempleo y en un progresivo, decisivo y planificado deterioro del las capacidades del sector público para ejercer la defensa del interés general.
La acumulación de frustración social, de la famosa "bronca", desatada en los cacerolazos y en el grito-ícono "que se vayan todos", puede ser interpretada entonces como una respuesta –crispada, espontánea, desestructurada- de la sociedad ante la incapacidad del sistema político por ejercer plenamente su soberanía, en particular la dirección de un modelo económico al servicio de las mayorías populares.
En este sentido, el modelo de supremacía de los sectores financieros especulativos e improductivos, basado en el endeudamiento del sector público y en las rentas extraordinarias, cayó por la inviabilidad de su lógica interna –recuérdese la larga recesión iniciada en 1998, y la incapacidad del gobierno de la Alianza por revertir el corsé de la convertibilidad. La carencia de un programa popular coherente, y de sectores articulados para generar una alternativa, provocaron el vacío de poder y la sensación de caos de diciembre de 2001. La defección de los grandes partidos populares de la defensa de los intereses sociales perjudicados por el capitalismo prebendario hegemonizado por los sectores financieros, estaba en la base de la bronca colectiva contra la política.
Segunda transición y los desafíos pendientes. La caída en la crisis de 2001 de ese país excluyente, de ese modelo de Estado y de esa matriz económica hegemonizada por los sectores herederos del Proceso militar y beneficiarios del menemismo, comienza a ser superada a partir del ejercicio político vigoroso de la presidencia de Néstor Kirchner,
desde mayo de 2003.* La asunción del "programa no escrito" de la movilización social, y el decidido impulso por remover las limitaciones de la democracia en lo relativo a la plenitud del Estado de Derecho y a la soberanía para establecer la dirección de la economía por parte de la política, se vieron reflejadas en la adhesión nítida con que la opinión pública fortificó un mandato surgido de la volatilidad electoral de la crisis, y de un sistema de partidos desdibujado.
Sin embargo, los viejos sectores dominantes de la década del ’90 permanecen en una posición expectante, desalojados en lo inmediato del poder político, pero prestos a retornar en la medida en que una "fórmula" adecuada les permita recuperar la iniciativa. Se impone la necesidad de ser concientes de que todavía no ha sido reemplazada su hegemonía profunda por una nueva coalición social alternativa con un programa nacional y popular
viable en el largo plazo. Por otro lado, corresponde advertir sobre los vacíos y distancias existentes entre el sistema político y la sociedad. En esos hiatos y fracturas se aprecian las marcas más indelebles de la derrota y destrucción de la movilización popular de los años ’70: las dificultades para reagrupar los cuadros técnicos y políticos en convocatorias
productivas, en las complejidades para formar militantes y regenerar organización y movilización afianzando la confianza en las construcciones colectivas, en los tropiezos para luchar en forma eficaz con los formatos gerenciales de la práctica política que degradan su capacidad transformadora en tanto modalidades esencialmente conservadoras, individualistas y corruptoras de la autonomía de la esfera política. Los obstáculos para la afirmación de una cultura política que correlacione coherencia programática, acciones y actitudes en un continuo práctico, constituyen una de las deficiencias de importancia para recuperar las capacidades completas de funcionamiento del sistema político.
La salida definitiva de la crisis pasa por proyectar el rumbo actual, a partir de las condiciones en que se encuentra hoy la sociedad argentina. Consumar la transición en curso requerirá de la participación de mayorías sociales, con capacidad orgánica de intervención, que den nuevo impulso a las iniciativas que puedan tomarse desde el poder del Estado y a las que se generen desde la sociedad civil. En definitiva, la movilización de las energías sociales necesarias para plasmar un programa de ciudadanía plena para las mayorías nacionales, aspiración histórica que a pocos años del bicentenario, todavía no se ha visto realizada.

* Vicepresidente Segundo de la Legislatura porteña, diputado del Frente para la Victoria.

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