En la primera sesión del año, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el Código Procesal de Justicia en las Relaciones de Consumo en el ámbito de la Ciudad con amplio apoyo opositor. “Es un logro para la Ciudad, porque va a mejorar concretamente la vida de los consumidores y usuarios al garantizarles un mejor servicio de justicia. Además, los porteños seremos pioneros en contar con una legislación específica para las relaciones de consumo”, explicó la legisladora de Vamos Juntos y vicepresidenta de la Comisión de Justicia, Gimena Villafruela, quien tomó la palabra en el recinto en representación del bloque.
Cabe recordar que con el dictado de la Ley Nº 6.286, por medio de la cual se otorgó la competencia en las relaciones de consumo a seis (6) de los veinticuatro (24) Juzgados del Fuero CAyT, resulta necesario dotar a los operadores judiciales como, así también, a los consumidores y proveedores de una ley específica que rija este tipo de relaciones, con herramientas concretas para brindar un servicio de justicia ágil, dinámico, transparente y eficiente.
En ese sentido, Villafruela dijo que “debido a su propia naturaleza y, especialmente, por la relación de vulnerabilidad en la que se encuentran los consumidores y usuarios, necesitan de un sistema de protección que tenga sus propios principios, sus propias fuentes de creación y que brinde soluciones específicas que se aparten del derecho privado común a partir de una tutela procesal diferenciada”.
El Código Contencioso Administrativo y Tributario, según la legisladora, por sus características y teniendo en cuenta para lo que fue concebido oportunamente, “no podía satisfacer esa demanda de celeridad y agilidad que es la nota distintiva de estos procesos”.
Con la creación de este cuerpo normativo, la Ciudad sería precursora en tener esta legislación específica como así también estos Juzgados con competencia en relaciones de consumo. “Es un gran avance para nuestra Ciudad, que le brinda a sus habitantes la posibilidad de acudir a estos Juzgados especializados evitando tener que accionar ante la Justicia Nacional en lo Civil o en lo Comercial que muchas veces demoran años en resolver sus reclamos y no los satisface acabadamente”, sostuvo la Vicepresidenta de la Comisión de Justicia.
Entre sus novedades, es importante destacar, por ejemplo, el art. 66, que consagra el principio de la gratuidad del proceso. “El consumidor, que se ve en la necesidad de iniciar un reclamo por un derecho vulnerado o no reconocido, accede sin pagar tasa de justicia, timbrados, sellados, contribuciones, costas y de todo gasto que pueda irrogar el juicio”, dijo la diputada.
Este código viene a consolidar un proceso que ya se viene llevando a cabo en la práctica en la Justicia de la Ciudad y que necesita de un ordenamiento procesal específico que le permita optimizar su funcionamiento.