El fiscal ante los tribunales orales federales de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani denunció penalmente este lunes por “incitación a la acción violenta” y “amenaza de rebelión” a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien este domingo manifestó a medios periodísticos sus deseos de que Javier Milei “se vaya rápido”.
Los delitos que el acusador le imputa a la militante por los derechos humanos tienen una escala penal que va de uno a 15 años de prisión y parten de declaraciones que realizó en el marco de la movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
“Es un extraño personaje. Entonces, yo digo que por ahí hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido, una de dos”, apuntó Carlotto en referencia al Presidente.
“A veces le tengo lástima porque no se debe sentir bien una persona tan inestable. ¿Estará tomando fresco en la pileta de Olivos? Hay que seguir registrando lo que se dice y hace. Uno nunca sabe de esta criatura caprichosa qué es lo que va a decir”, insistió.
"Ayudemos a que todas las personas que tengan dudas sobre su origen se acerquen a nosotras y puedan transitar el camino de la verdad"https://t.co/YOEwG0HKef#48AñosDelGolpeGenocida#MemoriaVerdadJusticia https://t.co/nIoJjAm8lO
— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) March 25, 2024
En este marco, Pettigiani consideró que sus dichos son “una incitación a la acción violenta, incompatible con la Constitución Nacional, y que resulta castigada por el Código Penal”. Asimismo, remarcó que “la discusión pública debe darse dentro de los límites” que plantea la Carta Magna y “no mediante expresiones violentas y antidemocráticas”.
“El llamado a que el Presidente de la Nación ‘se vaya rápido’ constituye una incitación a despojarlo de su cargo mediante el uso de la fuerza, pues esta constituye la única forma en que dicha amenaza se puede concretar. Tales aseveraciones, en el lugar y contexto en que fueron vertidas, constituiría la amenaza de rebelión”, sostuvo.
Los delitos citados por el fiscal ante la Justicia Federal de Mar del Plata se encuadran en el capítulo del Código Penal referidos a “atentados al orden constitucional y a la vida democrática”.