“La presente ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho y la oportunidad de todas las personas a acceder al empleo y a permanecer en el mismo en forma igualitaria, sin discriminación de ningún tipo”, dice el artículo 1º del proyecto presentado por la legisladora porteña María Rachid (FPV), “en contra de la discriminación en el empleo”, que cuenta con el aval sus compañeros de interbloque Jorge Taiana, Aníbal Ibarra, Fernando Muñoz y Edgardo Form.
Sin embargo, esta noble propuesta presentada por la secretaria general de la Mesa Nacional por la Igualdad contiene una serie de puntos que prometen generar polémica en el recinto. Como, por ejemplo, sus artículos 4 y 6, en los que se definen la “discriminación en el ámbito laboral” y los “datos sensibles en el ámbito laboral”. Ya que, según establece esta iniciativa, el único obstáculo que puede impedir a una persona de acceder a un trabajo es su idoneidad.
En consecuencia, tal como puede apreciarse en el texto al que accedió Noticias Urbanas, la situación penal del aspirante o sus “antecedentes” no pueden ser motivo de exclusión. Dado que, de lo contrario, la conducta puede ser considerada como “discriminatoria”.
Según reza el texto, “los incumplimientos de las disposiciones de la presente ley, su reglamentación y/o las normas dictadas en consecuencia son considerados falta muy grave, conforme al artículo 18 inciso a) de la ley N° 265, y sancionados conforme al artículo 19 de la misma ley”. Lo que se traduce en multas que van de los mil a los cinco mil pesos por trabajador afectado.
Por otra parte, el proyecto de Rachid contempla la creación de un “Observatorio de Igualdad de Oportunidades en el Empleo”, con la finalidad de “monitorear, recolectar, producir, registrar y sistematizar los datos y la información sobre la discriminación en el empleo”.