Once: desechan que TBA haya intentado quemar documentación

Once: desechan que TBA haya intentado quemar documentación

Fue el ex subcomisario de la delegación San Martín de la Policía Federal, Luis Alberto Crego Mache, que participó del allanamiento ordenado por el juez Claudio Bonadio en 2012.


Un testigo del juicio por la tragedia de Once descartó que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), ex concesionaria de la línea Sarmiento, haya intentando quemar documentación de ese accidente, que causó 51 muertos y 789 heridos en 2012.

Al declarar en la última audiencia antes de la feria judicial, el ex subcomisario de la delegación San Martín de la Policía Federal, Luis Alberto Crego Mache, contó ante el Tribunal Oral Federal 2 cómo fue el allanamiento a dependencias de TBA en el partido bonaerense de San Martín.

Poco después de la tragedia, el 22 de febrero de 2012, el juez federal Claudio Bonadio ordenó un allanamiento, tras la denuncia de trabajadores de la fábrica sobre la supuesta quema de documentación relacionada con el hecho.

“Se notaba claramente que ahí había un conflicto gremial. Querían dar la noticia en la televisión y me mostraron cosas que no tenían nada que ver con lo que el juzgado me mandó a secuestrar”, dijo Crego Mache en la vista oral. Crego Mache descartó la quema de documentación relevante: “había documentación con fecha de 1992 en un sótano. Estaba en muy mal estado de preservación”. “Yo vi un sótano todo mojado, sin luz, de muy difícil acceso por una escalera donde había cables sueltos, de hecho teníamos miedo de quedar pegados”, explicó el policía. “La documentación estaba comida por las ratas, mi apreciación es que si alguien quiere resguardar información no la va a poner ahí”, simplificó.

Este juicio empezó el 22 de marzo pasado y es encabezado por los jueces del TOF2, Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.

En el banquillo se sientan los 29 acusados, entre ellos el maquinista Marcos Antonio Córdoba, los dueños de TBA Sergio Claudio y Roque Ángel Cirigliano, y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Todos se encuentran acusados del delito de “descarrilamiento culposo” – uno a cinco años de prisión- más, excepto Córdoba, el de “defraudación contra la administración pública” -dos a seis años de cárcel-.

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