El candidato a senador, Rodolfo Terragno (SUMA+/UNEN), presentó hoy un Plan Nacional de Seguridad llamado VIDA, que surge como resultado de estudios y congresos internacionales sobre la temática, realizados en los últimos 5 años por la Fundación Siglo XXI que él preside.
Bajo el lema “Un ladrón es el que roba, un asesino es el que mata y un delincuente es el que lo permite”, Terragno desarrolló lo que denominó teoría integral de la seguridad, que parte de considerar que el delito no obedece a una sola causa sino a un conjunto de factores sociales, educacionales, legales, procesales y de organización de la policía, la justicia, el sistema carcelario, la lucha contra el narcotráfico y la política de prevención.
En su exposición, Terragno explicó que el objetivo es “evitar que los posibles delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, acelerar fuertemente los juicios, asegurar el efectivo cumplimiento de las penas y organizar un sistema de resocialización de los reclusos”. El dirigente radical también expresó que, pensando en el próximo parlamento, la sociedad requiere de “acciones prácticas que nos devuelvan la seguridad que hemos perdido”.
Algunas de las medidas técnicas que propone son:
1) Imprescriptibilidad de los delitos que por su gravedad hayan determinado la muerte de una persona. Ningún delito que haya provocado la muerte de una persona prescribirá, sea doloso o culposo.
2) Derogación de la libertad condicional para delitos cuya condena sea superior a los 10 años independientemente del delito que se trate.
3) Agilización de los procesos. En el ámbito de la Capital Federal las sentencias están a cargo de 43 Tribunales Orales insuficientes para lograr resoluciones rápidas y eficientes.
4) Tribunal especial de ejecución de sentencias. Para que la ejecución de la pena sea eficaz se requiere un mayor control que hoy no existe.
5) Resocialización de los penados. Todos los penados, durante el tiempo de sus condenas, deberán cumplir tareas productivas a favor del Estado percibiendo una remuneración.
6) Policía judicial. Los fiscales contarán con una policía judicial dotada de los recursos técnicos y científicos suficientes para la determinación rápida de la existencia de un delito y sus responsables.
7) Restricción de las medidas dilatorias. Se reducirán todos los recursos procesales con excepción de aquellos en donde esté en juego la libertad ambulatoria, la protección del domicilio y los papeles privados, las requisas.
8) Juicios por jurados. Deberán implementarse paulatinamente la introducción de los jurados para determinar culpabilidad o inocencia en los delitos más graves, cuyas penas excedan los 10 años. El tipo de jurados deberá ser de especialistas en la materia que se trata el juicio y gente común.