Desde el 1° de enero, momento en el que el Gobierno porteño se hizo cargo formalmente de la administración del subte en la Ciudad, el tema dio casi a diario una noticia vinculada con el servicio. Después de que el viernes pasado se cerrara provisoriamente la Línea A, para la instalación de nuevos vagones y ante la alarma de un nuevo aumento del valor del boleto, el titular de SBASE, Juan Pablo Piccardo, negó “que se vaya a implementar en el corto plazo una tarifa diferenciada”, aunque admitió que analizan varias opciones. El boleto costaría, según trascendió hace algunos días, 3,50.
El funcionario aclaró que lo único concreto es el llamado a audiencia pública para llevar el precio del boleto a $3,50, reunión que todavía no tiene fecha. “Intenta reflejar la inflación de 2012”, indicó en declaraciones en Radio América.
En sintonía, informó que mantendrán todas las tarifas especiales para estudiantes, jubilados y discapacitados, y resaltó la intención de la Ciudad de brindar un servicio de calidad y seguro.
Con respecto a los cambios de los coches en la línea A, que mantendrá suspendido el servicio por al menos dos meses, el titular del organismo que administra los subterráneos reiteró que era necesario porque no se podía garantizar la seguridad con coches de más de 100 años. Y sostuvo que no será necesario poner micros especiales para reemplazar esa línea mientras duren las obras.
“La valuación que hicimos es que como es temporada baja en el subte, la caída de usuarios es de menos del 25%. Además la línea A tiene dos líneas paralelas, como la B, en la que pusimos más cantidad de coches que los habituales. Y lo mismo se hizo con la línea E. El 50% de los pasajeros podrían reemplazarlos con los mismos subtes”, señaló.
Con respecto a la continuidad del contrato con Metrovías, Piccardo enfatizó que la empresa deberá aceptar las nuevas condiciones, y no descartó que, en caso de una negativa, el servicio pueda estatizarse. “Si no aceptan esas condiciones, la Ciudad tiene dos alternativas: buscar otro operador, que debe ser con prestigio y con capacidad, o estatizar el servicio. El Pro tiene como misión mejorar la calidad de vida de la gente. Lo podemos hacer con un concesionario o lo puede hacer el Estado. La discusión privado o público, en este tipio de concesiones, es vieja”, resaltó.