En una votación cuatro contra tres, el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal resolvió devolver en su cargo a José María Campagnoli, mientras se reanuda el jury en su contra.
El derrotero que permitió llegar a este punto comenzó cuando el Tribunal que el 12 de diciembre pasado, por mayoría, se había decidido suspender a Campagnoli porque era “imprescindible para garantizar la normal prestación de Justicia”.
Sin embargo, el pasado 1 de julio la defensa solicitó dejar sin efecto la suspensión de Campagnoli con el freno del debate por la enfermedad de la entonces jueza María Cristina Martínez Córdoba, y reiteró el planteo el miércoles enfatizando que “el juicio ya no podía continuar” ni “tampoco sería posible disponer la realización de un segundo debate”.
Frente a este planteo, dieron su postura los jueces Daniel Adler (Procuración), Leonardo Miño (Defensoría), Ernesto Kreplak (Ejecutivo), Rodolfo Ojea Quintana (Senado), Juan Octavio Gauna (Corte Suprema) y Francisco Panero y Adriana Donato (abogados).
Miño (el nuevo integrante en reemplazo de Martínez Córdoba) escribió: “Considero que la interrupción del primer debate y el tiempo que insume la convocatoria y efectiva realización del segundo provocan una situación extraordinaria, que no puede atribuirse al magistrado acusado ni a la labor de sus letrados defensores. Por esa razón estimo apropiado reexaminar la medida cautelar oportunamente dictada por mis colegas“.
Dicho esto, Miño sostuvo que “la restitución de Campagnoli en las condiciones actuales no obstruirá el normal funcionamiento de la dependencia a su cargo”, y se sumó a la resolución que, brevemente, habían hecho Gauna, Donato y Panero, que se habían opuesto la suspensión en diciembre pasado.
En disidencia y minoría quedaron los otros jueces: Kreplaj afirmó que los planteos de la defensa “no aportan elementos novedosos conducentes para revisar el mérito” de la suspensión, mientras que Adler y Ojea Quintana remarcaron que “el plazo razonable se encuentra claramente limitado” hasta octubre, “lo cual actúa como garantía en favor del acusado, por lo que no se advierte la necesidad ni la justificación del levantamiento” de la medida cautelar.