La Cámara Federal porteña estableció este jueves los procesamientos sin prisión preventiva de Jonathan Morel y los otros tres miembros de la agrupación Revolución Federal, pero cambió la figura penal a “incitación a la violencia colectiva” en la causa en la que es querellante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Tribunal de Apelaciones aseguró “parcialmente” los procesamientos prestados por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile y modificó la calificación legal a “coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva”.
Martínez De Giorgi los había procesado por estar vinculados a “un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación”.
Por medio de estos mecanismos “realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra de las autoridades actuales del Poder Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes”, entendió el juez del caso.
El fallo del Tribunal de Apelaciones fue firmado por los miembros de la sala I Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con disidencia de Mariano Llorens.
“Revolución Federal no parecería tener en principio, a partir del análisis realizado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías”, sostuvieron los jueces al cambiar la figura penal.
“Sí entendemos que las manifestaciones y conductas llevadas adelante por los encartados reúnen la entidad necesaria para ser provisoriamente consideradas como un estímulo a la violencia contra un grupo de personas”, concluyó.
En minoría, el tercer juez, Mariano Llorens, aseguró que las manifestaciones de Jonathan Morel y sus compañeros políticos estaban amparadas en la libertad de expresión y no podían perseguirse penalmente. Argumentó con un fallo que había favorecido a la fallecida presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.
“La existencia de un puñado de personas protestando frente a la entrada de la calle Villate en la localidad de Olivos -una docena- más allá del objetable contenido de su discurso, no puede requerir como una acción capaz de interrumpir un acto de gobierno y me permite inferir que con ese tipo de acciones Revolución Federal’ no tuvo la capacidad de alterar la paz social, más allá de la entidad que quiere darle la querellante, pero que por ahora solo tiene apoyo en el énfasis que le dan los abogados de esa parte en sus alegatos”, dijo Llorens en uno de los párrafos del fallo de una resolución de 29 páginas.
Se descuenta que la vicepresidenta Cristina Kirchner, querellante en la causa, apelará la resolución. Ya está a la espera en la Cámara Federal de Casación un reclamo para que se vuelva a detener a Morel, quien se convirtió en una de las caras visibles de la agrupación.
La vicepresidenta está convencida que detrás de su atentado estuvieron actores de la oposición. A fin de año, volvió a pedir detenciones, que no fueron aceptadas por el juez.