La causa por el spot de FPT, en manos de un juzgado porteño

La causa por el spot de FPT, en manos de un juzgado porteño

La Corte Suprema decretó que la causa en la que están involucrados el Gobierno porteño y el nacional por la transferencia del subte quedará a cargo de la jueza, Gabriela Zangaro.


Tras la indagatoria a exfuncionarios del Gobierno nacional por el spot difundido en Fútbol para Todos sobre la transferencia del subte de Nación a Ciudad, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la jueza Contravencional Gabriela Zangaro quedará a cargo de la investigación.

El máximo tribunal, de esta manera, resolvió una cuestión de competencia entre la Justicia Federal de la Capital y el juzgado contravencional número 22, en el que finalmente quedó radicada la causa, iniciada por la denuncia de Daniel Chaín , ministro de Desarrollo Urbano de Mauricio Macri .

El funcionario había denunciado que “el subte en boca de todos”, difundido el 11 de agosto de 2013 en el marco del programa Fútbol para Todos, “contiene información inexacta y falaz respecto del conocido proceso de traspaso de las líneas de subterráneos al Gobierno de la Ciudad”.

Según el funcionario, la publicidad “tiende a que el público en general se forme una opinión equivocada de los actos que cumplió como ministro de Desarrollo Urbano en el marco de dicho acuerdo, a la par que desacredita su imagen personal y funcional, causándole hostigamiento y discriminación”.

La Justicia federal entendió que “no surge la comisión de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal y en leyes especiales que habiliten su intervención, sino que se trataría de infracciones al Código Contravencional”.

La Corte Suprema, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay, coincidió en que “no se advierte, por el momento, la comisión de algún delito que afecte la prestación del servicio público de radiodifusión”.

En consecuencia, y coincidiendo con el dictamen del procurador general adjunto Eduardo Casal, resolvió que la denuncia sea investigada como una “contravención” por la Justicia de la Capital Federal.

En marzo pasado, el exjefe de Gabinete y vocero presidencial, Juan Manuel Abal Medina y Alberto Scoccimarro habían sido indagados en un expediente que finalmente fue anulado.

 

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