En el marco de la transición entre el gobierno saliente de Mauricio Macri y el gobierno recientemente elegido de Alberto Fernández, la diputada nacional de la CC-ARI, Paula Oliveto Lago, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo un traspaso de mando transparente y eficaz para que “el nuevo gobernante electo conozca y reciba del gobernante saliente toda la información necesaria para la implementación, previsión y elaboración del nuevo programa de gestión”, según señala el proyecto de ley.
En este sentido, los funcionarios del gobierno saliente deben tener la responsabilidad de “cooperar con el proceso de transición y suministrar toda la información necesaria sobre el estado de la Administración central, organismos centralizados y/o descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Este proyecto se basa en una “Administración moderna y en la transparencia de la información pública”, la cual no pertenece a ningún grupo político, sino que es propiedad de los ciudadanos. Los funcionarios que dejan un gobierno tienen la responsabilidad de asegurar la continuidad jurídica del Estado”, aseguró la autora del proyecto, la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto Lago. El diputado Juan Manuel López, del mismo espacio, que acompaña el proyecto, dijo al respecto: “El traspaso ordenado del poder no puede depender sólo de la buena voluntad de un Presidente como está ocurriendo ahora. Tiene que estar institucionalizado para que la Argentina no sufra los caprichos de quién deja el poder como en el 2015”.
El proyecto establece que “Se regula la creación de un equipo de transición republicana integrado por: el Jefe de Gabinete de Ministros; el Síndico General de la Nación; el Grupo de representantes del gobierno saliente y el Grupo de representantes del gobierno entrante. Se le otorgan responsabilidades al Jefe de Gabinete de Ministros y el Síndico General de la Nación”.
A la vez, los informes de gestión tienen carácter de declaración jurada y deben contener, como mínimo, la siguiente información: Los planes, proyectos o programas correspondientes al área durante la última gestión; La situación presupuestaria y financiera, detalle de los préstamos financieros en gestión, otorgados y solicitados, nivel de endeudamiento total, especificando las obligaciones de corto plazo y el estado de deuda con los proveedores; Un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles; Los recursos humanos distribuidos por organismos descentralizados, ministerios, secretarias y direcciones, personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, detallando sus respectivas funciones. La situación de todos los procesos judiciales y arbitrales en los que organismos descentralizados, ministerios, secretarias y/o direcciones sean parte; Un listado de todas las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y servicios que se encuentren en curso o pendientes, especificando características, montos y proveedores; El estado en que se encuentran los permisos, autorizaciones y/o concesiones de servicios y obras otorgadas por el área; Las cuestiones de gestión que revistan carácter urgente, entendiéndose como tales aquellos asuntos que requieran toma de decisiones, tratamiento o atención prioritaria dentro de los treinta (30) días de finalizado el período de transición.
“A lo largo de la historia, muchos períodos de transición han generado inconvenientes, parálisis, perjuicios y gastos innecesarios que afectan a los gobiernos entrantes, pero, fundamentalmente, al Estado, es decir a todos los argentinos”, explicó la diputada Oliveto Lago. “Por eso consideramos fundamental para el buen funcionamiento de la democracia una ley que regule este proceso con eficacia, y sobre todo transparencia”, concluyó la diputada de la CC-ARI.