Murió Bignone, el último genocida que fue presidente

Murió Bignone, el último genocida que fue presidente

Fue internado de urgencia, tenía prevista una operación pero falleció antes. Fue Presidente de facto desde 1982 a 1983.


Reynaldo Benito Bignone, el presidente de facto que encabezó el final del proceso militar antes del retorno a la democracia, murió a los 90 años. Estaba internado en el Hospital Militar y falleció este miércoles a la mañana. Fue internado de urgencia el martes en el Hospital Militar por una fractura de cadera y fémur.  Estaba previsto que este miércoles fuera intervenido pero sufrió una insuficiencia cardíaca y respiratoria.

En su última aparición pública, el año pasado, la Justicia lo condenó a prisión perpetua, junto a Santiago Omar Riveros y otros cinco acusados, que recibieron penas de entre 3 años y perpetua, por la causa que investigaba delitos ocurridos entre 1976 y 1977 en el Colegio Militar de la Nación. Las víctimas eran conscriptos que se hacían el servicio militar obligatorio.

Bignone también se sentó en el banquillo, y fue condenado, por las causas del Plan Cóndor y Automotores Orletti.

Bignone fue nombrado, en 1975, secretario del Estado Mayor del Ejército al mismo tiempo que Jorge Rafael Videla era designado comandante en jefe de las fuerzas armadas, con Isabel Perón en la Presidencia.

El 1 de julio de 1982 fue nombrado presidente de la Argentina, sustituyendo a Leopoldo Galtieri, depuesto tras la derrota militar en Las Malvinas.

Su mandato como presidente de facto abarcó el período entre el 1 de julio de 1982 y el 10 de diciembre de 1983.

Durante su gobierno, se formó una comisión investigadora para analizar responsabilidades durante la Guerra de Malvinas y declaró el “Estado de Emergencia Económica”. También creó el Acta Institucional declarando muertos a los desaparecidos y, considerando como “actos de servicio” a la represión ilegal, dictó el Decreto-Ley de autoamnistía, abarcando los hechos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982, que luego fuera derogado por el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín.

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